La Fiscalía ha pedido penas de seis años de prisión a dos de los 27 acusados de participar en una trama que habría pergeñado un sistema de altas ilegales a la Seguridad Social, a la que habrían defraudado un total de 114.434 euros, a través de tres empresas.
Según consta en el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, uno de los procesados, "según lo planeado con el resto de acusados", habría actuado "movido por el ilícito ánimo de defraudar a la Seguridad Social, utilizando" una empresa "sin actividad", así como otras dos cuya administradora habría cursado el alta de los procesados, que supuestamente obtenían así "las correspondientes prestaciones económicas por desempleo y similares".
En realidad, prosigue el Ministerio Público, "ninguno desempeñaba actividad laboral alguna en dichas empresas, lo que suponía la obtención de prestaciones económicas del todo indebidas con grave quebranto económico para la Seguridad Social".
Los hechos supondrían la presunta comisión de delitos contra la Seguridad Social, o, alternativamente, continuado de estafa agravada, por lo que a los dos principales acusados la Fiscalía también pide el pago de multas de 698.604 y de 336.000 euros (de 3.240 euros en caso de ser condenados por estafadores), además de seis años de prisión.
La Policía Nacional llevó a cabo una diligencia de entrada y registro de las oficinas de uno de los principales encausados en el centro de Granada, en julio de 2017, dando lugar a la operación que conllevó la desarticulación de esta supuesta trama para defraudar a la Seguridad Social, incautándose de una torre de ordenador que resultó contener "amplia documentación del grueso de los investigados".
También aparecieron recibos de liquidaciones a cotizaciones de las mercantiles que se habrían utilizado para estas actividades, que se venían desarrollando desde 2015. La mayor parte de los acusados se enfrenta, en este sentido, a peticiones de un año de prisión por el fiscal.
Está previsto que los hechos sean enjuiciados por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada entre los días 16 y 18 de febrero, en la sede judicial de Caleta, donde se están llevando en pandemia aquellos juicios que, por el número de participantes, hacen necesario más espacio para el cumplimiento de las medidas de seguridad estipuladas por las autoridades sanitarias para frenar la expansión de la covid-19.
