Además de ayudar a formar la personalidad de la infancia y la juventud en los centros educativos, ya que forma parte de la esfera del desarrollo psicológico, la Educación tiene encomendada socialmente una misión imprescindible que persigue afianzar la cohesión social precisa para que colectivamente, como sociedad, afrontemos los problemas que toda la población que habita el territorio del estado debe superar. Las personas se unen socialmente para ayudarse unas a otras. No tiene sentido asumir un pacto social de mutua ayuda, si esta no existe, cuando cada persona aporta lo que puede y no llega a recibir lo que necesita para el vivir humanamente.
La sociedad sostiene los centros escolares precisamente para en ellos las nuevas generaciones vayan educándose. Que todo el alumnado desarrolle sus capacidades, reciba el patrimonio cultural, que en España, es inmenso, y además esté preparada para asumir responsabilidad en la construcción de la sociedad cuando le corresponda por edad.
Se habla hoy de los símbolos de España, el himno, la bandera, hay quien cita la corona, para que estén presentes en los centros educativos. Y es preciso analizar este envite, porque esos símbolos están relacionados con la soberanía de un llamado “pueblo”. ¿Quién duda de que se deben conocer que existe un pacto social, por el que las personas (el pueblo) conforman un Estado, cuya soberanía se dice que reside en este? Lo que ya no está nada claro que esa soberanía se ejerza. Porque para ello las personas ciudadanas deben estar preparadas y además conozcan el símbolo de esa soberanía que sostiene el pacto social y libremente aceptado.
La Educación debe asumir como objetivo esencial los conocimientos precisos que toda persona debe conocer para ejercitar sus derechos y cumplir con sus obligaciones. Y que puedan hacerlo sin intermediarios y nunca condicionado por las circunstancias materiales, económicas, geográficas donde viven. Y son tantas, tan variadas y complejas las obligaciones que hoy debe asumir la ciudadanía, que se antoja corto el periodo de más de 12400 horas de formación obligatoria que la infancia y juventud deben dedicar a ello. La cantidad de ordenanzas municipales, leyes y normas que las desarrollan tanto autonómicas, estatales. Obligaciones tributarias. Marcos jurídicos que regulan derechos y obligaciones en todas las esferas de la vida ciudadana, impuestos, tributos, aranceles, compras, estatutos de comunidades de propietarios, normas sobre alquileres, compra venta de viviendas, contratos de todo tipo de servicios y suministros… Una auténtica selva de disposiciones legales que obligan, y mucho, a cualquier persona. Y el alumnado de los centros educativos está totalmente ajeno a esta maraña que se le vendrá encima nada más cumplir la mayoría de edad, que algunos proponen que sea a los 16 años.
Un Estado que permite tal proliferación de leyes, reglamentos y normativa consiente en generar analfabetismo ciudadano y con ello la tan cacareada “soberanía” del pueblo ¿en que se resume? La respuesta aplíquese a los “símbolos” de aquella.
Si los políticos que gobiernan y los que legislan, hicieran el ejercicio de incluir en el curriculum escolar todas las competencias precisas para que cada alumna o alumno, terminara su formación obligatoria con el conocimiento suficiente para que, por si pueda cumplir con las obligaciones y exigir los derechos ciudadanos que contempla el pacto social (o al menos lo que marca la Constitución), sin duda comenzarían a simplificar todo el ordenamiento legal y jurídico para hacerlo primero comprensible, en “román paladín”, y también susceptible de ser conocido, no sólo en la escolarización, que ya sería un triunfo, sino al menos en esta vida por quienes están obligados por ellos. El Estado de derecho sólo es posible si “el derecho” es comprensible y conocido por todas las personas que lo forman.
Fdo Rafael Fenoy Rico
