El tiempo en: Cádiz

Jerez

El tribunal gibraltareño multa a los detenidos gallegos con 5.000 libras cada uno

Fueron trasladados a prisión, donde permanecerán 90 días si no abonan el importe

Publicidad Ai
Publicidad AiPublicidad AiPublicidad AiPublicidad Ai
Publicidad AiPublicidad AiPublicidad Ai
Publicidad Ai
  • Los dos españoles salieron del juzgado esposados y con el rostro oculto y no quisieron hacer declaraciones. -
  • Son dos historicos del tráfico de hachís de Galicia y pertenecen al clan de Los Rubios
rancisco Javier Otero y José Antonio Falcón, fueron condenados en la mañana de ayer a una multa de 5.000 libras (5,537 euros) cada uno, por un delito de importación a Gibraltar de una embarcación prohibida.

Ambos españoles, gallegos de nacimiento y residentes en Pontevedra, fueron detenidos en la noche del pasado lunes cuando su lancha embarrancó contra las rocas del residencial gibraltareño Harbour Views mientras era perseguida por otra embarcación de la Guardia Civil.

En caso de no hacer efectivo el importe de la multa, el juez de paz que condujo el caso, sentenció que debían pasar 90 días en el Moorish Castle, la prisión del Peñón.

Otero y Falcón, que entraron por la puerta trasera de los juzgados al ser trasladados por agentes de la Royal Gibraltar Police (RGP) desde la Comisaría central, se declararon culpables del delito que se les imputaba.

El fiscal realizó un resumen del caso, informando a la sala que fueron testigos residentes en la zona donde quedó varada la lancha rápida los que alertaron a la RGP. Sus dos ocupantes, perseguidos por tres agentes de la Benemérita que habían desembarcado también de su embarcación, fueron detenidos junto a los cuatro guardias civiles involucrados en la operación. Fueron trasladados a la central policial de New Mole House en el Peñón y allí se procedió a su interrogatorio. Al día siguiente se conocía que la RGP le imputaba a ambos un delito de importación a Gibraltar de una lancha rápida semirrígida a la que no consta número de registro y que estaba equipada con tres potentes motores Yamaha.

Los acusados rehusaron prestar ayer declaración ante el juez de paz, quien se retiró aproximadamente 10 minutos para deliberar la sentencia a imponer.

A su regreso a la sala, Vicente Latin señaló que el tribunal había estudiado el caso muy seriamente, añadiendo que la sentencia debería ser acorde a la acción realizada, matizando que no sólo penetraron en la jurisdicción gibraltareña sino que alcanzaron tierra y desembarcaron. Para el tribunal resultó intolerable que se procediera de esta manera especialmente cuando los acusados intentaban eludir a las autoridades policiales.

La lancha en la que los gallegos viajaban ha quedado confiscada.

Según pudo conocer este diario a través de comentarios en los pasillos judiciales, a los dos acusados no les sorprendió la sentencia del tribunal, interesándose de inmediato en los trámites para hacer efectiva la multa.

Dos horas después de ser juzgados, fueron conducidos nuevamente a la Comisaría de la RGP, desde donde estaba previsto que fueran trasladados a prisión, lugar en el que permanecerán hasta el pago de los 10.000 euros.

Cada día que pasen en las dependencias policiales gibraltareñas les irá siendo descontado del montante de la multa impuesta por el tribunal.

A su salida de los juzgados, Otero y Falcón se taparon el rostro y no hicieron declaraciones a los medios que le esperaban.

Acciones legales de la UO
La Unión de Oficiales Guardia Civil Profesional (UO) anunció ayer que ejercerá las acciones legales posibles si la Benemérita sanciona a los cuatro agentes que este lunes se adentraron en el puerto de Gibraltar persiguiendo a dos narcotraficantes.

El vicepresidente de la UO, Julián Pérez, declaró que no entenderían “que se tomara ninguna medida disciplinaria contra los guardias civiles”, puesto que actuaron “correctamente”.

Pérez aseguró que si los agentes son sancionados por sus superiores, “lo vamos a llevar hasta las últimas consecuencias; no se puede castigar a quien está cumpliendo con su obligación, que es detener delincuentes”.

Este dirigente de la UO argumentó que sus compañeros estaban llevando a cabo una “persecución en caliente, a pesar de lo cual avisaron a Gibraltar de que podían entrar en sus aguas”. Pérez señaló que esto es lo que establece el tratado Convención Montego Bay, que regula este tipo de actuaciones policiales en el mar.

“Tal y como se efectuó, se hizo correctamente”, aseguró este portavoz, quien añadió que “una vez que se acabó el fragor de la batalla, evidentemente los guardias se dieron cuenta de que se habían metido en las aguas del puerto, por lo cual pidieron disculpas”.

TE RECOMENDAMOS

ÚNETE A NUESTRO BOLETÍN