Meses atrás, un profesional independiente de enorme prestigio en su sector fue tentado para ocupar una alta responsabilidad en el gobierno de la Junta de Andalucía. Concitaba la admiración de sus colegas de gremio, el reconocimiento de la sociedad y el aplauso generalizado de los políticos y de la prensa que no dudaban en presentarle, con enorme acierto, como un icono de la vanguardia investigadora y asistencial andaluza. Con esta carta de presentación, a la que unía sus negativas reiteradas a abandonar Andalucía ante ofertas tentadoras del sector privado, la presidenta andaluza, Susana Díaz, se fijó en él para dirigir uno de los departamentos de más enjundia y alcance en su ejecutivo. Tras mucho pensarlo, este profesional declinó la oferta de entrar en política.
Hoy en día, no puedo estar más convencido de que el consejo que me pidió le ayudó a escoger el camino correcto. No porque no estuviera preparado para mejorar la gestión que se le encomendaría, sino porque ponía en el disparadero toda su hoja de servicios, de más de 30 años de experiencia, frente a un triple ejército de francotiradores que amenaza desafortunadamente a diario a cualquier político en la actualidad en Andalucía: la oposición, la prensa y los jueces y fiscales con la inestimable ayuda de la UCO y la UDEF. Entre todos –que deberían hacer un ejercicio de autocrítica alejado de intereses partidistas y corporativistas- y el populista a la par que distorsionado debate sobre el sueldo y los privilegios de los políticos, están espantando la incorporación de nombres propios destacados de la sociedad a la loable labor de servicio público.
El caso del consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, -que no deja de ser un eslabón más en una cadena de políticos que sufrieron un auténtico escarnio público sin que se les respetara su presunción de inocencia- alejará sin duda de la política a aquellos profesionales independientes que podrían prestigiar con su presencia activa el poder público. Frente al ataque despiadado de algunos grupos de la oposición –PP y Podemos- cuando comenzó a ser investigado y el orgullo mal entendido que les impide ahora pedir disculpas, es oportuno valorar la mesura y respeto con el que actuaron IU y Cs. Así las cosas, este lamentable episodio de la política andaluza, más judicializada que nunca, me reafirma en la convicción de que mi amigo está donde tiene que estar. Luego no nos quejemos de que la política está repleta de mediocres y de políticos de profesión.
