La consejera de Salud, Rocío Hernández, afirmó en la Comisión Parlamentaria de Salud que no existe, por el momento, una relación causal acreditada entre las afecciones denunciadas por los vecinos de la barriada Guadalquivir, en Coria del Río, y la fuga de hidrocarburos detectada en la gasolinera Zamarrilla Inversiones S.L. La falta de acceso a los resultados analíticos del Instituto de Toxicología, debido a la judicialización del caso, es un obstáculo clave en esta investigación.
La diputada de Vox, Ana Ruiz, cuestionó en la misma sesión el retraso en la entrega de un estudio epidemiológico que los vecinos llevan esperando dos años y mencionó casos graves, como el de un bebé afectado por benceno durante el embarazo de su madre. En respuesta, Hernández defendió que la Consejería ha llevado a cabo diversas medidas, como la elaboración y remisión del estudio epidemiológico al Juzgado, el refuerzo de urgencias en atención primaria y la consulta específica para los afectados.
A pesar de estas acciones, la consejera enfatizó que no se han detectado patologías crónicas ni se conoce con certeza a qué componentes químicos estuvieron expuestos los vecinos. Además, recordó que las aguas subterráneas en la zona aún presentan altas concentraciones de contaminantes, según informes del Servicio de Calidad del Suelo. Dicho organismo recomienda ampliar el proyecto de recuperación ambiental iniciado por la empresa responsable, ya que los niveles de contaminación siguen siendo alarmantes.
El caso también está marcado por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que obliga al Ayuntamiento de Coria del Río a reactivar la declaración de los terrenos de la gasolinera como contaminados. Sin embargo, la sentencia no accedió a medidas como el realojo de los vecinos ni a indemnizaciones, puntos que estos últimos han recurrido.
Por su parte, informes previos del Instituto Nacional de Toxicología señalaron la presencia de sustancias como N-hexano y acetona en sangre de vecinos, lo que sugiere un "riesgo importante" para la salud. A pesar de esto, la Dirección General de Salud Pública de la Junta concluyó que no hay evidencia concluyente de afecciones crónicas derivadas de la exposición.
Mientras tanto, la comunidad afectada continúa exigiendo soluciones inmediatas y acciones más efectivas para remediar una situación que sigue generando incertidumbre y preocupación.
