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El SAF defiende el trabajo de los funcionarios de Medio Ambiente ante la imputación del delegado territorial

El sindicato ha apuntado que es la autoridad judicial la que considerará "si correspondía o no la autorización, quién o quienes son los responsables de otorgar dicha autorización a la vista de los citados expedientes y, en consecuencia, depurará responsabilidades"

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El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) ha mostrado su apoyo a los funcionarios de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Almería después de que el responsable provincial de este departamento, José Manuel Ortiz Bono, imputado por la autorización de un cambio de uso de un terreno forestal al agrícola en Tabernas (Almería), indicara en su declaración ante la jueza instructora que "se limitó a dar el ok" a las propuestas de los técnicos.

   En una nota, el SAF ha subrayado "la profesionalidad, la imparcialidad y la dignidad" con las que los funcionarios realizan su trabajo, "caracterizado por el estricto cumplimiento y sometimiento a la ley". Así, ha manifestado su "hastío" ante "el constante refugio en el parapeto de las responsabilidades políticas para obviar las directrices exigibles para algunos y no para el resto de ciudadanos almerienses".

   De esta manera, entienden que el cambio de uso de un terreno forestal al agrícola es un procedimiento que está debidamente reglado a través de las instrucciones publicadas el 18 de agosto de 2011 por la Dirección General de Gestión del Medio Natural, en las que se recogen de forma explícita los informes necesarios y la legislación aplicable a estos expedientes de cambio de uso.

   Estos expedientes son necesarios para realizar este tipo de transformación en el suelo y deben ser realizados por los servicios técnicos de la Administración y refrendados por el máximo responsable en la provincia, o lo que es lo mismo, por el Delegado Provincial. "En ocasiones, los servicios administrativos superiores al personal técnico sugieren que las exigencias establecidas en las instrucciones queden en meras recomendaciones, alegando cuestiones que quedan al margen del personal técnico", han incidido.

   Con esto, el sindicato ha apuntado que es la autoridad judicial la que considerará "si correspondía o no la autorización, quién o quienes son los responsables de otorgar dicha autorización a la vista de los citados expedientes y, en consecuencia, depurará responsabilidades".

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