La Audiencia Provincial de Almería enjuiciará en noviembre a seis presuntos miembros de un clan de origen rumano desarticulado en 2012 a quienes se acusa de obligar a ejercer la mendicidad a compatriotas.

   Los encartados les traían supuestamente engañados a España desde su país natal con falsas promesas de trabajo y, con posterioridad, les coaccionaban "con violencia física" para que hiciesen su voluntad y les entregasen el dinero obtenido de pedir limosna.

   La Fiscalía imputa a los tres hermanos, las esposas de dos de ellos y un yerno la comisión de un delito de trata de seres humanos, e interesará penas individuales de nueve años de prisión en la vista oral señalada en cinco sesiones en la Sección Tercera.

   El Ministerio Público, además, interesa que, de ser condenados, no se les conceda el tercer grado penitenciario hasta el cumplimiento de la mitad de la pena y que los acusados indemnicen conjunta y solidariamente a dos de sus víctimas, testigos protegidos en la causa, con 30.000 euros por daños morales.

   Según indica el Ministerio Público en su escrito de calificación provisional, consultado por Europa Press, todos los miembros de clan carecían de actividad laboral y "se pusieron de acuerdo" para tejer la trama con el objetivo de "sufragar sus necesidades económicas".

   Conforme a este plan contactaban, a través de otros familiares, con personas residentes en Rumanía que por su situación económica necesitaban trabajo y les ofertaban la realización de labores en el campo en Almería. Además, se ofrecían a sufragar el coste del viaje y a proporcionales alojamiento.

   Una vez llegaban a la provincia, según mantiene la fiscal, les obligaban, bien mediante violencia física bien con violencia psíquica, a que ejerciesen la mendicidad en distintos puntos de la ciudad almeriense y les forzaban a entregarles el dinero obtenido.

   Con estos ingresos, los procesados compraban bienes como ordenadores, teléfonos móviles, cargadores de teléfono o gafas de sol que, posteriormente, dedicaban a la venta a terceros.

ENGAÑO EN SU PAÍS DE ORIGEN

   El escrito detalla que la trama, en concreto el acusado Fanel M., contactó a finales de 20111 con una de las víctimas, liberada en la operación policial denominada 'Lazarillo, y que lo hizo a través del padre del acusado para ofrecerle un trabajo en el campo, además de pagarle el trayecto en autobús hasta Almería.

   Cuando llegó a la capital, se trasladaron juntos a uno de los domicilios del clan, en la calle Doctor Carracido, y una vez que estaban allí, junto a su esposa Mandica M. y su yerno Robert I., también enjuiciados, Fanel M. le dijo que "le iba a matar si no hacía lo que le decía" al tiempo que le quitaba su documentación personal.

   A partir de ese momento, según remarca el Ministerio Público, "quedó en manos de los procesados" y comenzó a ejercer la mendicidad en distintos puntos de la ciudad, generalmente a las puertas de un supermercado y vigilado "aleatoriamente" por los integrantes del clan, quienes "se aseguraban de que pedía dinero en el lugar indicado".

JORNADAS INTENSIVAS EN CALLES Y BARES

   Durante aproximadamente un año, la víctima estuvo mendigando diariamente, en horario de 09,30 horas a 15,00 horas, y de 16,00 horas a 22,00 horas, y entregando "todo el dinero que conseguía" a Fanel M., quien le proporcionaba ropas viejas y distintos carteles confeccionados con frases "acordes a su labor".

   Asimismo, fue "objeto de agresiones físicas" por parte de este procesado, de sus hermanos Adrian M. y Niculae M., así como de Mandica M. y Robert I., quienes le amenazaban también presuntamente con "darle palizas o incluso matarle si les desobedecía".

   El mismo 'modus operandi' usó el clan con otra de las víctimas, a quien en un principio se le prometió compartir las ganancias aunque luego no fue así. En su caso, también se le obligaba a mendigar de madrugada por bares y locales una vez que cerraban los centros comerciales y se le prohibía salir del domicilio en el que le tenían retenido si no era para "trabajar".

"CONTROLADAS"

   La séptima procesada, Mariana R., era la encargada de controlar que no abandonasen las viviendas las víctimas, que tampoco podían contactar con sus familias en Rumanía. De hecho, según la Fiscalía, en una ocasión, uno de ellos pidió permiso y Adrian M. "le abofeteó al tiempo que le decía que si insistía, le sacaría toda la sangre del cuerpo".

   En la operación policial, que estalló el 28 de noviembre de 2012, se registraron los dos domicilios usados por el clan, el segundo de ellos en la carretera de Los Molinos, y se intervinieron, además de diversos bienes, cuatro vehículos de alta gama "adquiridos con las ganancias de la ilícita actividad a la que se venían dedicando".

   La investigación fue desarrollada por el Grupo Ucrif de la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación en colaboración con el Grupo V de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría de Almería.