La Audiencia Provincial de Almería ha citado al exvicepresidente socialista de la Diputación Provincial Luis Pérez y a la exsecretaria del Patronato de Turismo María Teresa González el día 2 de septiembre para que ingresen voluntariamente en el centro penitenciario y cumplan las penas de siete años y diez meses de prisión a las que fueron condenados por el caso 'Facturas'.
El auto, consultado por Europa Press, ejecuta la sentencia firme que declaró probado que ambos "acordaron un plan" para destinar los fondos públicos del Patronato de Turismo "a fines ajenos de los que le eran propios", que "se concertaron" con empresarios "que contrataban con el ente" para elaborar facturas fraudulentas y que así se detrajeron más de 706.000 euros de las arcas públicas entre los años 2009 y 2011.
Con respecto al empresario Joaquín C.C, administrador de Publifiestas Conde y condenado a cinco años de prisión por participar en la sustracción de 363.000 euros de la cuantía total saqueada con facturación falsa y anticipos de caja, el tribunal indica que ha pedido la suspensión del ingreso en prisión en tanto se tramita y resuelve el indulto solicitado y da traslado a la Fiscalía y a la acusación particular ejercida por la Diputación para que se pronuncien.
A margen de la citación para el día 2 de septiembre, a las 10,00 horas, la Audiencia Provincial requiere a Luis Pérez y a Teresa González para que ambos se abstengan de ejercer empleos o cargos públicos, "aunque sean electos", al estar condenados a 19 años y medio de inhabilitación especial.
Con respecto a las indemnizaciones, el tribunal de la Sección Tercera requiere a la exsecretaria del Patronato Provincial de Turismo para que abone 470.830 euros. En el caso del exvicepresidente socialista de la institución, le requiere 461,394,17 mientras que para el empresario Joaquín C.C. fija la cuantía en 217.829 euros.
Del total que debe recuperar la Diputación Provincial, se ha abonado mediante pago y embargos un total de 234.101,73 euros y restan 471.951,79 euros, según consta en una previa diligencia de ordenación de mayo.
El auto, de fecha 3 de junio, se da traslado, asimismo, a las acusaciones pública y particular para que se pronuncien con respecto a la suspensión de pena de 23 meses de cárcel impuesta a los dos responsables del Club Unicaja Voleibol --Ramón S.G. y Guillermo C.O.--, a quien era entrenador del Vicar Goya de Balonmano y al asesor Juan Antonio B.F.
La Audiencia Provincial ordenó en mayo de 2018 a la ejecución de sentencia con respecto a otros tres condenados que no recurrieron en casación al Tribunal Supremo, entre ellos los dos administradores de la agencia de Viajes Leitour, Francisco Javier G.F. y Arístides Javier M.B. Ambos fueron condenados a 23 meses de prisión por la facturación por conceptos no reales después de que sus testimonios en juicio fuesen determinantes para esclarecer la trama.
El tribunal absolvió en la sentencia de instancia a cuatro de las personas físicas que fueron enjuiciadas en una macrocausa que se siguió por delitos agravados de malversación en concurso medial con falsedad documental, fraude a la administración e infidelidad en la custodia de documentos. También fue absuelta la mercantil 'Viajes Ejisol'.
Según los hechos probados, el exvicepresidente de la Diputación y la secretaria del Patronato de Turismo "acordaron un plan" para destinar los fondos públicos del ente "a fines ajenos de los que le eran propios, bien para gastos particulares ajenos a la función pública de sí mismos o de otras personas, o bien para fines desconocidos ajenos al destino publico a que estaban destinados".
Para la ejecución del plan "se concertaron" con empresarios que contrataban con el Patronato para el suministro de bienes y servicios y con los que elaboraban facturas "por unos servicios que no se prestaban o bienes que no se entregaban" haciendo constar en "el concepto que aquéllos les indicaban, generalmente haciendo referencia a servicios que podrían ser propios del organismo autónomo".
Pérez Montoya dictaba resoluciones, previo informe favorable de la exsecretaria delegada, acordando la contratación de bienes o servicios "con conocimiento de que no se iban a prestar pero sí pagar por el Patronato. El exvicepresidente dictó resoluciones, también previo informe de la González Rivera, acordando el pago de facturas que sabían que no correspondían a una prestación real al Patronato.
La ex secretaria delegada "participó en la sustracción" de "toda" la cantidad y el exvicepresidente de la Diputación lo hizo en 640.000 euros, lo que representa "una parte importante del presupuesto con el que contaba el Patronato para sus fines de promoción turística de la provincia y supuso un daño a ese servicio público", según remarcó el tribunal.
