La Fiscalía de Almería ha solicitado una pena de 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público al exalcalde de Cantoria (Almería) Gaspar Masegosa como presunto autor de un delito de prevaricación cometido a través de supuestos contratos a dedo y obras adjudicadas sin concurso público.
La calificación del fiscal, a la que ha tenido acceso Efe, apunta que Masegosa, que fue regidor en Cantoria entre julio de 2013 y junio de 2015, realizó presuntamente una serie de actos "al margen del ordenamiento jurídico".
Así, el 3 de octubre de 2013 habría dictado una orden de pago de facturas de 23.366,54 euros que contó con la oposición del secretario interventor por la "inexistencia de crédito adecuado y suficiente" y por infracción de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Asimismo, el secretario-interventor señaló la falta de "soporte documental" que justificase el trabajo o servicio recepcionado por el Ayuntamiento. Sin embargo, según el fiscal, Masegosa "a sabiendas de su ilegalidad, de modo arbitrario y sin ningún tipo de justificación legal, económica o de procedimiento", ordenó el pago de las facturas.
El Ministerio Público mantiene que dicho comportamiento se repitió el 10 de octubre de 2013 con el pago de facturas por importe de 42.348,06 euros, y el 25 de octubre con facturas por valor de 28.681,36 euros.
Presuntamente, durante el tiempo que estuvo al frente del Consistorio, habría adjudicado además de "forma directa, sin seguir procedimiento administrativo alguno obras valoradas en 338.550,37 a varias empresas que supuestamente fraccionaron los importes que les correspondían para "eludir" la convocatoria de un concurso público.
Destaca la Fiscalía el caso de una de estas empresas que durante los dos años de mandato de Masegosa realizó trabajos de obras, pavimentaciones y urbanizaciones en Cantoria por "adjudicación directa del acusado" y presentó facturas por importe de 246.955,09 euros.
Una cuantía que fue satisfecha con cargo al presupuesto municipal sin "ningún tipo de expediente de contratación", con lo que el exalcalde hizo "prevalecer de este modo su propia voluntad sobre los intereses generales del ente local".
Asimismo, el fiscal asevera que, a "sabiendas de su ilegalidad", el 1 de enero de 2014 el acusado prorrogó el contrato de una mujer que había sido suprimido por la Junta de Andalucía en octubre de 2012, "desoyendo el informe jurídico" que unos días antes había elaborado el secretario-interventor.
Subraya en este sentido que Masegosa no habría justificado las causas por las que recurría a esta contratación laboral temporal, ni las que determinaban la elección de esta persona en particular, prorrogando además el contrato posteriormente para el año 2015.
Por último, la Fiscalía apunta que el 1 de octubre de 2013 hizo lo mismo con un contrato a tiempo parcial de un hombre como monitor de la escuela de fútbol, convirtiéndolo en uno a tiempo completo el 5 de febrero de 2014.
Por estos presuntos hechos, el Ministerio Público acusa a Masegosa por un delito continuado de prevaricación administrativa por el que interesa una pena de diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
