La Fiscalía de Madrid solicita un total de 102 años de cárcel para 23 supuestos miembros de una red nacional que organizaba peleas de perros ilegales y criaba a los animales administrándoles sustancias dopantes y otros fármacos perjudiciales para mejorar su rendimiento, según el escrito de acusación al que ha tenido acceso Efe.
Los 23 acusados se sentarán en el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid en un macrojuicio que comenzará el 21 de febrero de 2022 y está previsto que se celebre durante 48 sesiones.
En suma, el Ministerio Público pide 102 años de cárcel para los procesados por delitos de pertenencia a organización criminal, maltrato animal y omisión de obligación de perseguir delitos.
En su escrito de acusación señala que la red "organizaba, promovía y participaba" en peleas de perros para enriquecerse mediante las apuestas de "grandes cantidades de dinero" que incluso acordaban por escrito.
La organización criaba a perros potencialmente peligrosos (PPP) a los que adiestraban para ser más agresivos, proporcionaban sustancias dopantes como testosterona para mejorar su condición muscular y entrenaban "hasta la extenuación", llegando a utilizar cintas de correr.
Después, les destinaban a peleas en las que resultaban "muertos o gravemente heridos". A estos últimos les utilizaban como "sparring" de entrenamiento o decidían darles muerte cuando ya no les eran de utilidad para sus fines.
Según expone la Fiscalía, la red operaba a nivel nacional, local y regional, detectándose grupos en Madrid, Canarias, Alicante, Murcia, Almería y Málaga, que estaban "interconexionados" y tenían ramificaciones a nivel internacional para participar en peleas fuera de España.
Además, subraya que los miembros se repartían las funciones "de forma jerárquica", ya que un primer grupo organizaba "convenciones" y peleas privadas, otro criaba y entrenaba a los perros y una última división participaba y apostaba en los eventos.
La red criminal fue desmantelada por la Policía Nacional en 2017 mientras celebraban una pelea de perros en Güímar (Tenerife), una operación en la que detuvieron a ocho de los acusados y rescataron a 226 perros, la mayoría en grave estado de salud, de los que 42 acabaron muriendo.
El resto de perros intervenidos fueron entregados en custodia a la asociación Salvando Ángeles sin Alas, para la que el Ministerio Público pide una cuantiosa indemnización a los procesados.
Entre los 23 acusados la Fiscalía señala a los apodados "Rafa" y "Profe" como los líderes de la organización, para los que solicita cinco años y diez meses de prisión, y revela que uno de los miembros es veterinario.
En este juicio Podemos ejerce la acusación popular y solicita un total de 471 años para los procesados.
