Sin embargo, todo apunta a que, por el momento, las labores van a tener que paralizarse puesto que uno de los afectados, Joaquín Moreno, no ha firmado al no estar de acuerdo con la indemnización que se le ha ofrecido desde la Administración autonómica, ya que sólo le da dinero por su vivienda (algo más de 100.000 euros) y ni un euro por un local colindante que acogía en su interior una freiduría y que le rentaba mensualmente 1.000 euros que le servían como complemento a su pensión.
Ayer mantuvo junto a su abogado, José Antonio Gamero, una reunión en la Oficina del Tranvía en la que no se alcanzó acuerdo alguno. Como consecuencia, Joaquín Moreno permanecerá de momento en su casa hasta el próximo día 22, que es cuando cumple el plazo de diez días que se le ha dado para que salga de su vivienda. De todas formas tiene muy claro que no se irá si no hay acuerdo satisfactorio y, en caso contrario, sólo saldrá de su hogar si es con una orden judicial por delante.
