Ya sé que soy muy cansino con este tema. Hace apenas dos semanas que hablaba del caso del Ayuntamiento de San Fernando y las trabajadoras de ayuda a domicilio. Ahora insisto por el caso del barrendero fallecido en Madrid por un golpe de calor y el incumplimiento de ese pacto por el cual tenían que terminar los trabajos en exteriores a la una de la tarde: la gestión privada de los servicios públicos, insisto, nos lleva a este tipo de situaciones. Tanto al conflicto laboral de las que cuidan a nuestros dependientes como el fallecimiento de un trabajador de la limpieza que pretendía conseguir la renovación de su contrato (estaba contratado sólo para un mes). Al final, el factor común es la precariedad que impone dicha gestión privada.
Al final, aún a riesgo de ser tachado de sindicalista (aunque no entiendo por qué eso debe ser una tacha), la realidad vuelve a dar la razón a los que abogamos por la gestión y responsabilidad de los gobernantes públicos sobre los servicios de tal naturaleza. Ayer, en un programa de televisión, un vocero a sueldo de los neoliberales (los que apuestan por la gestión privada) tergiversaba lo que decía un representante sindical de los barrenderos de Madrid diciendo que “quieren convertirse en funcionarios por la cara”. Antonio Naranjo, el “periodista” en cuestión, mentía a sabiendas: la gestión pública no convierte a los trabajadores en funcionarios porque también existen los empleados públicos de carácter laboral: es decir, los que trabajan para una empresa o institución pública pero bajo contrato laboral. Que traducido resulta ser lo mismo que ahora pero con responsabilidad de aquellos representantes a los que el pueblo puede votar.
A la empresa privada, como es lógico, nadie puede imponerle a cuánta gente contratar, cuánto pagarle o qué perfil seleccionar para cubrir determinados puestos. Esto favorece la discriminación si se retuerce un poco: por ejemplo, como nadie puede obligar al empresario a contratar a una mujer, puede descartarla para evitar pagarle durante una baja maternal. Sin embargo, los contratos de concesión se adjudican bajo unas condiciones. En el caso de las trabajadoras de San Fernando, bien hemos constatado que no se están cumpliendo y parece que nadie controla eso. En Madrid, les ha dado igual el fallecimiento del trabajador. Siguen con los uniformes de poliéster, siguen trabajando en las horas centrales del día aunque se haya pactado pausar los trabajos en dichas horas y, en definitiva, nada ha cambiado. Ellas llevan 63 días de vigilia. Él ya no puede hacer nada.
Insisto, hay que remunicipalizar los servicios públicos municipales. Así, podremos reclamar al servicio de aguas cuando haya una avería en la red pública, exigir que los servicios de limpieza pasen por nuestras calles (por la mía pasan poco), que las trabajadoras de ayuda a domicilio tengan condiciones dignas que faciliten su trabajo y un largo etcétera. De otro modo, nos exponemos a otro escenario: que las empresas ganen dinero a costa de incumplir condiciones o servicios y que los políticos deleguen la responsabilidad escurriendo el bulto. Que, al fin y al cabo, a las empresas no las ha votado nadie.
