José Antonio Gamero, abogado de Moreno, señaló que a dicha demanda se le respondió el pasado jueves indicando los motivos por los que su representado aún no ha dejado sus propiedades en Montañeses de La Isla. Uno de ellos es que no se le ha dado un solo euro por el local del freidor que era suyo y que le rentaba mensualmente 600 euros, y el otro a que está pendiente una sentencia de lo contencioso administrativo de Sevilla en la que se pedía la paralización de las expropiaciones y de los derribo.
Acuerdo
Gamero señala que antes de que se fije el juicio para dar una salida a esta situación se puede alcanzar un acuerdo con los abogados de la Junta. Si no es así y la justicia le da la razón a Obras Públicas, es decir, que da vía libre al derribo, presentará un recurso de apelación. En este sentido, la Junta podría pedir la ejecución de la sentencia y Joaquín Moreno, en caso de ganar en apelación, recibiría una indemnización por las pérdidas ocasionadas.
