Según ha denunciado el parlamentario andaluz Ignacio García existen casos conocidos en los que las presiones han llegado a tal punto, que algunos alumnos y sus familias que habían mantenido reticencias al pago han preferido abandonar el centro ante los menosprecios que sufrían por parte del mismo.
Para García esto significa que el pago de determinadas cantidades es, en el fondo, una forma de seleccionar al alumnado por su poder adquisitivo y en definitiva por su pertenencia a un determinado grupo social. “Muchos centros privados concertados quieren recibir dinero de lo público, pero mantenerse como centros de élite eligiendo al alumnado”, enfatizó el parlamentario de IU.
IU lamenta que la Junta “haya tardado tanto tiempo en encarar este asunto” y recuerdan que el 6 de septiembre de 2007, IU presentó una proposición no de ley el Parlamento andaluz en la que se pedía una inspección de oficio sobre este asunto, a la que el PSOE se opuso “lamentablemente”. De esta manera, según García se ha permitido que la práctica del cobro de cantidades supuestamente voluntaria, se consolide aún siendo manifiestamente ilegal.
