Un total de 34 propietarios de unidades de alojamiento del complejo Bahía Sur, 28 de bungalós, cinco de apartamentos y uno de dúplex, denunciaron con fecha 24 de marzo de 2010 a través de burofax ante la Consejería de Turismo, Comercio y Deportes de la Junta de Andalucía lo que entendían que podía ser constitutivo de “delito penal”, al haber estado utilizando los motores de la piscina sin tener conectada la toma de tierra correspondiente.

La denuncia, a través del abogado Manuel Benítez Mateos, se hizo llegar también a la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de San Fernando y se refería a la polémica por la no apertura de las instalaciones a principios del mes de junio de 2009, cuando algunos propietarios impidieron el uso público debido a la “falta de mantenimiento” por parte de Complejo Bahía Sur SL.

Dicha denuncia se basaba en supuestos informes realizados por peritos judiciales y notarios, cuyas copias ponían a disposición de las administraciones “en el despacho del administrador de la finca”.

En el mismo escrito remitido a la delegación de la Junta y a la Gerencia de Urbanismo se detallaba lo que supuestamente ocurrió en la junta general de propietarios de Manzana 4, donde se encuentran los apartamentos y dúplex expedientados por el Ayuntamiento de San Fernando.

Según los denunciantes, el administrador de Complejo Bahía Sur SL, Elías Rodríguez Viñas, ofreció a los propietarios que utilizan las unidades de alojamiento como residencia habitual un “paraguas” ante los citados expedientes.

No obstante, los denunciantes reconocen que tales palabras, “a pesar de constar en acta y en la mente y memoria de la mayoría de los asistentes”, se están atribuyendo “con el fin de desvirtuar la cuestión”, no a la persona de Rodríguez Viñas sino a la del presidente de Manzana 4, Juan Pedro Rodway Cantero.

Rescisión del contrato
Esas cuestiones y otras relativas a facturaciones de servicios que este periódico considera que no intervienen en la calidad de concesión administrativa del complejo de apartamentos hoteleros, sustentan la decisión de los denunciantes de “rescindir de forma unilateral” el contrato de cesión de uso para la explotación de las unidades de alojamientos entre Complejo Bahía Sur SL y los propietarios inversores.

La rescisión unilateral del contrato, de la que se dio cuenta a la Junta y al Ayuntamiento, fue el germen de la nueva sociedad Atisla, que pretendió gestionar por su cuenta las unidades disgregadas del pool de explotación. Entre los motivos de esa ruptura incluían también el no haber sido informados del expediente de reclasificación incoado por la Consejería de Turismo, Comercio y Deportes.

Que actúen de oficio
En ambos escritos se solicita a las dos administraciones que se inicien “cuantas actuaciones de oficio sean necesarias” para averiguar lo que “realmente está ocurriendo” en Bahía Sur y a “quién y cómo beneficia”, así como la publicidad de Complejo Bahía Sur SL ofreciendo en internet el “alquiler con opción de compra” de apartamentos.

También piden que se investigue por qué se procedió a firmar un acuerdo de arrendamiento del parquin privativo de las fincas registrales a Rodamco Inversiones, con destino a todos los usuarios del centro comercial, “desposeyendo a las unidades residenciales de la preceptiva plaza de aparcamiento obligatoria conforme a lo dispuesto en el artículo 17.B) de la Orden de 17 de Enero de 1967”.

Con dicho arrendamiento se delega el voto en Unibail-Rodamco, lo que le ha permitido modificar los estatutos.