Las ponencias del Tribunal Constitucional plantean exonerar totalmente de la malversación al expresidente de la Junta de Andalucía Jose Antonio Griñán, condenado a seis años de prisión por los ERE de Andalucía, y reducir considerablemente la pena de inhabilitación al expresidente andaluz Manuel Chaves.

Fuentes jurídicas han confirmado a EFE la noticia, adelantada por El Español, de que la ponencia de la vicepresidenta Inmaculada Montalbán propone borrar la malversación a Griñán, lo que supondría alejar definitivamente toda opción de ingresar en la cárcel, y hacer lo mismo casi en su totalidad con la prevaricación.

Junto a Griñán, la corte de garantías también verá, en el Pleno que arranca el próximo día 16, el borrador de la ponencia sobre el recurso del expresidente de la Junta Manuel Chaves, condenado a nueve años de inhabilitación, que plantea reducir considerablemente los hechos que versan sobre la prevaricación.

En ambos casos, se trata de algo esperado habida cuenta de que se aplicará la doctrina de las sentencias anteriores ya resueltas por el Pleno, de manera que a priori, las propuestas cuentan en principio con el apoyo de los siete magistrados del bloque progresista y el voto en contra de los cuatro magistrados del sector conservador.

Así, los borradores estiman parcialmente los recursos de los expresidentes, por lo que anulan sus sentencias y ordenan a la Audiencia de Sevilla que dicte una nueva con los hechos que apunta el Constitucional respecto de partidas concretas de la prevaricación.

En síntesis, aplica los mismos argumentos que en los fallos anteriores de los ERE: que la elaboración de los anteproyectos y su aprobación como proyectos de ley no constituye prevaricación; que a partir de 2002 se actuaba conforme a la cobertura de la Ley de Presupuestos aprobada por el Parlamento andaluz y que no es lo mismo gestionar las ayudas en la Consejería de Empleo que aprobar las partidas presupuestarias.

En el caso de Griñán, condenado a seis años de prisión y 15 de inhabilitación, el texto elimina totalmente la malversación y hace lo mismo con la prevaricación a excepción de una modificación presupuestaria realizada para la partida 32H, ajena al programa de ayudas sociolaborales, el mismo escenario que afectó a la exconsejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo.

Dicha partida fue aprobada el 9 de diciembre de 2004 por el Consejo de Gobierno presidido por Chaves y con Griñán como consejero de Hacienda, siendo Martínez Aguayo su número 2 en la Consejería.

De ser así las cosas para Griñán, algo previsible, la sentencia eliminaría definitivamente toda opción de ingreso en prisión, algo que hasta la fecha no ha sucedido porque la Audiencia de Sevilla suspendió la pena por cinco años debido al cáncer que padece.

Y en cuanto a Chaves, la ponencia anula la prevaricación en lo relativo a los proyectos de Ley de Presupuestos, pero no así en lo que se refiere a las modificaciones presupuestarias anteriores a que ese mecanismo se introdujera por ley.

Así las cosas, el texto acota los hechos de la prevaricación a cinco modificaciones presupuestarias entre 2000 y 2001 cuando presidía la Junta así como a las partidas 32H de 2004, añaden las fuentes.