El candidato a la Alcaldía, Antonio Jesús Ruiz, confirma que “es importante que contemos con una ordenanza que regule situaciones que se producen o modificar otras para la mejora de la ciudad”, reconociendo que el PA ha realizado un importante trabajo, sobre todo de la mano de dos profesionales, que van en la lista electoral, y que han trabajado, por su “formación jurídica”, con el documento, siendo éstas Marta Foz y Carmen Inés Gómez.
Debido a la “condición de documento abierto” que presenta la ordenanza, indica Ruiz que “debemos modificarla porque hay cuestiones que hay que dejar claras”, puesto que entiende que la ordenanza no se puede sacar adelante para eliminar de la vía pública cuestiones tan sencillas y lógicas como beber agua en plena calle “sino mejorar la convivencia de los ciudadanos”.
Marta Foz reconoce que la ordenanza cuenta en todo momento con el apoyo del Partido Andalucista, puesto que “estamos de acuerdo en que la realidad social pide a gritos una regulación”. Además, señala que “somos conscientes de la alarma social que ha generado por menoscabar, en algunas ocasiones, los derechos de la ciudadanía y por el revuelo que está creando en la ciudadanía”. Por ello reconoce que “participamos activamente para defender los derechos de los ciudadanos”.
Por su parte, Carmen Inés Gómez aclara que las alegaciones están hechas a artículos concretos del cuerpo de la ordenanza, dirigidas a las conductas de los portuenses. Por un lado, reconoce que una de las alegaciones se refiere al uso inadecuado de la calle para los juegos, explicando que “se debería dar un mínimo de espacio y horarios” por parte del Gobierno, para desarrollar lo que viene siendo un derecho para los niños, o bien que el equipo de Gobierno habilite un espacio para ello.
Y además señala que “somos el único partido que más modificaciones ha propuesto para el uso de la vía pública en relación al ofrecimiento de trabajo sexual”. Admite que se han releído otras ordenanzas, como la de Málaga o Granada, siendo la más correcta en este tipo de asuntos de última citada, siendo “necesario un plan que controle este asunto para que se evite que afecte a la ciudadanía y que las sanciones que se impongan sirvan para sufragar los gastos de dicho plan”, explica Gómez. Importante por tanto consideran que “se deban determinar las cuotas concretas de las sanciones, que logrará mayor entendimiento así como que éstas se cambien por trabajos en beneficio de la comunidad”.
En otro orden de cosas, y en cuanto al seguimiento de la ordenanza, fijada cada dos años, explica que “debe haber una mesa continuada, siendo la primera revisión” un elemento que se lleve a cabo conforme se constituye dicho órgano, “para evaluar su implantación”, y siempre formada por los grupos políticos y todos los colectivos que se vean afectados por las materias y regulaciones que se muestran en la ordenanza de convivencia.
