El próximo 8 de octubre finaliza el plazo de presentación de ofertas para el contrato del Servicio de Ayuda a Domicilio para el Ayuntamiento de Cádiz con un presupuesto de 23,1 millones de euros, sin impuestos, y una duración de tres años.
La licitación se hizo esperar porque el alcalde, Bruno García, se comprometió a a poner fin a la situación muy poco digna que venía sufriendo la plantilla, que llevó a cabo movilizaciones hasta lograr el compromiso municipal de elevar el coste del precio por hora a 20,50 euros, con un incremento del 26,93% con respecto al contrato prorrogado en vigor. Esto, además, permitiría dar una mejor cobertura al casi millar de usuarios del servicio.
Sin embargo, el procedimiento ha quedado ensombrecido por lo que Autonomía Obrera considera “fraude a la administración pública por parte de la empresa actual”. Óscar Miraut explica en conversación telefónica con VIVA CÁDIZ que Domusvi facilitó un listado de personal para su subrogación que incluye al director provincial de la empresa, “que no ha trabajado en exclusividad para este pliego de condiciones”. De hecho, asegura, se ha personado como inspector en denuncias ante la inspección de trabajo interpuestas en servicios de ayuda a domicilio en El Puerto.
Además, Miarut le acusa de ser el responsable de “la precarización sistemática de la plantilla” y advierte de que “autonegociaba una mejora voluntaria de 21.348 euros para disfrutar de un salario de 40.810 anuales en el futuro”. Y advierte de que Servicios Sociales “es cómplice de permitir esta aberración”.
