La Audiencia Provincial de Cádiz ha acogido este lunes un nuevo episodio de la batalla legal que mantiene el hijo de Antonio Luis Baena Tocón, al que atribuyen el papel de secretario judicial en el consejo de guerra que condenó a muerte a Miguel Hernández, y que ha llevado a juicio a un centenar de demandados, la mayor parte periodistas y directores de medios.
En su demanda, el hijo del secretario judicial, José Francisco Baena, exige a todos los demandados que rectifiquen las informaciones en las que aludieron a un estudio histórico que citaba a su padre como secretario judicial del consejo de guerra que condenó a pena de muerte al poeta 1940.
Además pide indemnizaciones millonarias para los medios de comunicación y entidades que aludieron de forma pública a aquel estudio y de 500.000 euros para el autor del estudio, el catedrático de la Universidad de Alicante Juan Antonio Ríos Carratalá.
Desde directores de medios a universidades y sindicatos
Entre los directores de medios de comunicación demandados figuran Soledad Gallego, Pedro J. Ramírez, Antonio García Ferreras, Ignacio Escolar, Bieito Rubido o Cristina Ónega y entre las entidades, las universidades de Alicante y Valencia, el sindicato UGT o la Fundación Española de Historia Moderna.
Todos ellos han sido representados en la primera sesión del juicio por sus abogados y procuradores, a excepción del catedrático autor del estudio, que es el primer y principal demandado, y que hoy ha defendido en el juicio la validez de su estudio histórico.
La gran cantidad de demandados ha hecho que la vista oral de este procedimiento civil que lleva el juzgado de Primera Instancia número 5 de Cádiz se celebre en la Audiencia Provincial de Cádiz, que ha tenido que habilitar dos salas para acoger a tantos abogados y procuradores que representan a los demandados.
José Francisco Baena, que reside en Jerez de la Frontera aspira con esta demanda a demostrar que los derechos al honor, la intimidad y la propia imagen de su padre, fallecido en 1998, se vieron vulnerados por el estudio historiográfico de Juan Antonio Ríos Carratalá sobre el Juzgado Especial de Prensa entre los años 1939 y 1943, en el que se mencionaba que Antonio Luis Baena Tocón fue el secretario judicial en el consejo de guerra que condenó a pena de muerte a Miguel Hernández
José Francisco Baena, que este martes declarará en la segunda sesión del juicio, defiende que en ese consejo de guerra su padre no tenía ni la función ni la capacidad de condenar a nadie y que no estaba en él por elección propia, por lo que considera que el historiador ha dañado su honor, su intimidad y su imagen.
Batallas también contra Google
El pasado mes de marzo, el Tribunal Supremo ya rechazó sus reclamaciones para pedir que Google y la Agencia Española de Protección de Datos suprimieran 18 informaciones en las que se vinculaba el nombre del secretario judicial con el proceso que culminó con la condena al poeta.
El alto tribunal desestimaba así el recurso presentado por el hijo del secretario judicial contra la sentencia de la Audiencia Nacional que avaló la negativa de Google y de la Agencia Española de Protección de Datos de suprimir
En su sentencia el alto tribunal recordaba que en este caso, sobre el reconocimiento del derecho al olvido, prima el derecho a la libertad de información, expresión e investigación histórica.
José Francisco Baena luchó también sin éxito en los juzgados para eliminar del buscador de internet de la Universidad de Alicante el nombre de su padre relacionado con la condena del poeta.
En aquel caso el juez entendió que también prevalecía "la libertad científica del investigador en un trabajo de investigación histórica, frente a la protección de los datos personales, cuando la información que contiene tiene relevancia o interés público". "Conocer el nombre de las personas que ejercieron autoridad y funciones públicas, como es el caso del juez y el secretario judicial, además de estar íntimamente relacionado con la finalidad misma del trabajo de investigación, resulta de interés público", concluía el juez.
En el caso que se juzga en Cádiz, la fiscalía sólo se pronunciará al final del juicio, a la vista de las pruebas que se vean en él.
