La eliminación de la Gerencia Municipal de Urbanismo anunciada por el Partido Popular si lograba el gobierno municipal no deberá tener problemas a la hora de conseguir una mayoría más que suficiente en el Pleno, toda vez que son varios partidos los que abogaron por finiquitar una fórmula de gestión que ha dejado de tener sentido tras el estallido de la burbuja inmobiliaria.

El alcalde de San Fernando, José Loaiza, reiteró el lunes el compromiso contraído y se mostró convencido de que encontraría apoyos municipales, aunque también dejó claro que iba a trabajar, en este y en otros temas, “sin prisa pero sin pausa”, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de una medida que tendrá que ser “traumática” si no se quiere desvestir a un santo para vestir a otro.

Hay que tener en cuenta que la mayor parte del personal que ocupa en la actualidad la planta sobre el Mercado Central de Abastos no pertenece al Ayuntamiento sino directamente al organismo autónomo. Los únicos que están dentro de la Relación de Puestos de Trabajo son los técnicos y funcionarios que pasaron de la antigua Delegación de Urbanismo a la Gerencia.

Ese número exiguo de funcionarios -arquitectos, aparejadores municipales y otros técnicos- fue engordando conforme las vacas gordas de la construcción exigían más personal para atender la demanda de licencias y demás expedientes.

Además, en los años en los que se creó este organismo estaban todavía sin urbanizar grandes bolsas de suelo en la ciudad, como el Sector III de Camposoto, por lo que era necesaria una gestión más eficaz que la que proporcionaba el aparato administrativo del Ayuntamiento a través de la tradicional Delegación de Urbanismo.

Prueba de que el sistema funcionaba, además de acabar en pocos años con las bolsas de suelo de la ciudad, era que los superávit de la Gerencia de Urbanismo servían para enjugar los déficit del Ayuntamiento, junto con los superávit de la Empresa del Suelo Isleña SA (Esisa), otro organismo autónomo creado al albur del auge de la construcción.

En ambos casos salieron a la palestra los altos sueldos de algunos de sus responsables no funcionarios, aunque la bonanza económica ahogaba incluso el hecho de que alguno cobrara sólo un euro menos que el alcalde.

El mantenimiento de esos trabajadores comenzó a dejar de tener razón de ser a medida que se iba desinflando el sector de la construcción y lo que antes eran superávit comenzaron a ser déficit, algo de lo que ya avisó el anterior alcalde anunciando el lucro cesante de la Gerencia entre los motivos de la cada vez peor situación económica.

Mensaje de Loaiza
El alcalde actual, José Loaiza, envió un mensaje a los trabajadores municipales en general anunciando que los cambios no iban a ser “traumáticos”, pero desde la oposición se ha venido insistiendo en que es precisa una operación de cirugía pura y dura para desentrañar lo que queda de ese sistema y sobre todo, lo que se pudiera esconder en la opacidad de la que se han beneficiados los organismos autónomos.

Independientemente de que las circunstancias del sector de la construcción obliguen a un replanteamiento de la gestión urbanística, además de que San Fernando es una ciudad a la que le queda escaso suelo por desarrollar, la voz de alarma sobre la situación financiera pasada y presente de los organismos autónomos municipales se dio tras el descubrimiento del desfalco en la Caja municipal el 1 de abril de 2009.

Desde entonces, el PSOE, único partido en la oposición en el anterior mandato, ha estado demandando una auditoría que incluya a estos organismos, tanto de gestión como de costes, que fue aprobada en el Pleno también por el PP ahora en el Gobierno.

A partir de ahí y al amparo de la campaña electoral pasada, los demás grupos políticos se han sumado a las suspicacias y han exigido auditorías a todo lo que se mueva en el Ayuntamiento y en el caso del Partido Popular, auspiciada por el presidente regional, Javier Arenas, como encargo a sus alcaldes electos.