El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha manifestado su satisfacción por la reducción del número de viviendas turísticas desde junio de 2023, cuando tomó posesión en el cargo, y el pasado mes de diciembre, al pasar de 2.473 a 2.423.
El primer edil ha remarcado que “estamos en bajada” por primera vez desde 2016 por las “políticas restrictivas” puestas en marcha por el equipo de Gobierno del PP que impiden más pisos turísticos en el casco histórico y el trabajo coordinado con la Junta de Andalucía desde hace meses para perseguir la actividad ilegal, que ha quedado suscrito con la firma de un convenio este viernes con el consejero de Turismo, Arturo Bernal.
Fruto de esa labor conjunta entre ambas administraciones, el alcalde ha remarcado que se han producido 425 bajas (que han sido recurridas en 89 casos, hasta el momento, con algo más de una veintena de alegaciones desestimadas) y se han impuesto 19 sanciones que suman un importe total de 10.000 euros.
“La colaboración es mucho más eficaz para la ciudadanía que la confrontación”, ha añadido, en alusión a las peticiones de los partidos de la oposición para endurecer las medidas adoptadas, reiterando el objetivo de reducir al 4% el porcentaje de este tipo de inmuebles con respecto al total del viviendas en la ciudad..
El consejero de Turismo, por su parte, ha indicado que la firma del convenio supone “un refuerzo para facilitar el eficaz cumplimiento del decreto autonómico” que permite a los ayuntamientos contar con la seguridad jurídica para “regular la oferta” de viviendas turísticas, “asegurando su calidad, mejorando la experiencia de los clientes y proteger los intereses de los residentes y turistas”.
