La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía cree que el reciente convenio firmado entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento esconde en realidad un afán de la administración autonómica, con el beneplácito del gobierno municipal, para enriquecerse con la venta del patrimonio público.
La asociación lamenta que este convenio sea otra oportunidad perdida para la cooperación de las dos administraciones públicas en la búsqueda de soluciones a los problemas de vivienda que padecemos.
Los acuerdos adoptados, entre los que se incluye la venta del edificio de Náuticas a una promotora privada y muy probablemente de la finca de Marqués de Valdeiñigo y de parte de los suelos de Tolosa Latour, van a derivar en la construcción de viviendas con unos precios inasumibles para la mayor parte de la población y muy especialmente para la gente joven.
En muchos casos puede que estas viviendas no lleguen a tener uso residencial y que se destinen a segunda vivienda o como simple objeto de especulación de particulares o fondos de inversión.
Mientras, en Cádiz hay más de cinco mil familias como demandantes de vivienda protegida en el registro que gestionan Junta de Andalucía y Ayuntamiento y a las que están obligados a dar respuestas.
La APDHA considera que estas operaciones no conllevan inversión alguna por parte de las administraciones firmantes y sí un lucro desmedido para la Junta de Andalucía que, con la complicidad del Ayuntamiento y mediante la especulación inmobiliaria, pretende autofinanciarse a costa de la ciudad.
Ambas administraciones no solo no abordan sus competencias, protegiendo el suelo y construyendo vivienda pública, sino que además venden el escaso suelo público que queda, comprometiendo nuestro futuro y abocándonos a la pérdida de población sin remedio.
Por todo ello, la asociación exige a Junta y Ayuntamiento que den marcha atrás en su intención de vender estos suelos y que tanto el edificio de Náuticas, como el de Marqués de Valdeiñigo, así como el solar entero de Tolosa Latour se destinen a promover vivienda asequible al alcance de la mayoría.
Siempre la titularidad pública
Para tal fin, aclara la APDHA, no se necesita modificación alguna del actual PGOU puesto que, como Junta y Ayuntamiento saben, la actual Ley de Vivienda permite construir viviendas sociales en suelos dotacionales. Reiteramos, igualmente, la necesidad de declarar las zonas tensionadas para beneficiarnos del límite de los precios del alquiler que posibilita esa Ley.
Por último, la asociación llama a partidos políticos, a colectivos y a la ciudadanía en general, a emprender acciones conjuntas que impidan que las administraciones sigan desmantelando nuestro escaso suelo público, olvidando que deben ser ellas las primeras valedoras de lo público y que la Constitución les obliga a evitar la especulación y a promover los medios para garantizar a la ciudadanía el derecho a una vivienda digna, tal como dice la Constitución.
