Este sábado, el alcalde, Bruno García, anunció la celebración de un Pleno extraordinario en la primera quincena de febrero, a iniciativa del PP, para abordar las políticas de vivienda. El primer edil toma la iniciativa municipal en pleno debate nacional, tras el anuncio de una batería de medidas por el Gobierno central y Alberto Núñez Feijóo, y con los precios de alquiler y venta en la ciudad desbocados.
Este será el segundo Pleno monográfico sobre vivienda en el mandato. El primero se celebró a principios de octubre de 2023, convocado en esta ocasión por la solicitud del PSOE. Aquella sesión, tensa, finalizó con el anuncio por parte del alcalde del desbloqueo de cuatro promociones en las calles San Juan Bautista de la Salle, Merced, Soledad y Barquilla de Lope, y la inversión de un millón de euros en el mantenimiento del parque público de vivienda, así como la firme apuesta por la construcción de vivienda pública.
Además, fueron aprobadas siete propuestas socialistas, entre las que destacaban la necesidad de controlar las viviendas con fines turísticos; hacer efectiva la expropiación que posibilita la ordenanza de solares vacíos y edificaciones ruinosas y mantener el parque público de titularidad municipal; modernizar y actualizar los criterios de acceso a la vivienda en la ordenanza reguladora del registro municipal de demandantes de vivienda protegida y un plan de accesibilidad en los inmuebles. Y salieron adelante dos enmiendas del PP para incrementar el presupuesto de la empresa municipal en 200.000 euros e instar al Ministerio de Fomento y la Consejería de Fomento a fijar la firma de convenios de financiación con fondos Next Generation para varias promociones en ejecución en ese momento.
Ahora, los populares presentan una batería de iniciativas más ambiciosas. Entre estas, concretan su compromiso con la rehabilitación de Tacita de Plata y restringir la implantación de viviendas turísticas para que no superen el cuatro por ciento del número total del parque residencial de la ciudad.
Pero, como novedad, cabe destacar la contratación de una herramienta de análisis, diagnóstico y control en tiempo real del parque de vivienda público y privado de la ciudad, “con el objetivo de identificar el número de viviendas vacías, solares sin uso, viviendas de uso turístico registradas u operando en plataformas sin los permisos necesarios, entre otros”, y el impulso de medidas que permitan la recuperación de viviendas vacías para el mercado de alquiler y, entre ellas, “las que legalmente puedan encaminarse a la imposición de penalizaciones fiscales a las viviendas vacías”, que superan las 5.500.
