Los vecinos del Cerro del Moro aguardan a que el Defensor del Pueblo Andaluz se pronuncie definitivamente sobre sus quejas sobre la intención de la Junta de Andalucía de despojarles de la propiedad de sus pisos para ocupar los que construye.
Que Jesús Maetzu haya visto con buenos ojos la solución puesta sobre la mesa por parte de la Administración autonómica ha caído, no obstante, como un jarro de agua fría.
La falta de comprensión sobre el fondo del conflicto abierto y la indefensión es total para los afectados.
El portavoz del colectivo, Enrique Estévez, admitía n La Orilla, el programa que dirige y presenta Pedro Espinosa en 7TV, que la situación es límite para las 67 familias. Por un lado, la Junta de Andalucía solo les ofrece entre 30.000 y 35.000 euros por sus pisos actuales, aunque algunos vecinos afrontaron créditos de 70.000 euros para adquirir las viviendas cuando el Gobierno socialista obligó a hacerlo de cara a la construcción de la futura promoción. Pagados los impuestos, dispondrán de “una miseria”.
Por otra parte, desde la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) les meten prisa para firmar los contratos de compraventa a partir de este mes de febrero, pese a que aún quedan dos años de obras de los pisos en construcción.
Al mismo tiempo, no aclaran qué familias de las 67 afectadas tendrán derecho al alquiler social. Y, además, la entidad pública ha advertido a aquellos que quieran permanecer en sus hogares que tendrán que hacer frente a la reforma del conjunto del inmueble, en estado ruinoso, y las casas que sí se vendan, quedarán tapidas, de manera que se verán “aislados”.
Estévez no es capaz de determinar ahora mismo cuántos vecinos accederán finalmente a desprenderse de sus viviendas, “ante la presión” institucional, debido a sus situaciones particulares, él tiene claro que no venderá y tiene constancia de que hay otras familias que tampoco lo harán, no solo, agrega, porque no quieren perder la propiedad a cambio de un alquiler con opción a compra de 50 años y la posibilidad de que ni siquiera sus hijos tengan derecho a la herencia de las casas nuevas, “sino por dignidad”.
Por ello, mantienen la reivindicación, pero ni el alcalde, Bruno García, ni la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, Mercedes Colombo, o la subdelegada del Gobierno, Blanca Flores, les atiende.
