El pasado 5 de marzo, el alcalde de El Puerto, Germán Beardo, anunció que suspenderá durante tres años la autorización de nuevas viviendas turísticas en virtud a la normativa aprobada recientemente por la Junta de Andalucía. Solo un día después, cuestionado al respecto por VIVA CÁDIZ, el primer edil de Cádiz, Bruno García, eludió responder afirmativa o negativamente a si seguiría el mismo camino que su compañero de partido en la vecina localidad de la Bahía. Pero la publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Cádiz de del decreto de sometimiento a consulta previa a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para la regulación de la compatibilidad del uso hospedaje en la categoría de Vivienda de Uso Turístico, en suelo residencial despeja cualquier duda.
En el documetno firmado por el alcalde se plantea la modificación de la ordenanza de zona del Ensanche Moderno (Extramuros) de manera que no se permita la instalación de pisos turísticos en cualquier planta del edificio, permitidos actualmente en la planta baja, primera y segunda; y la modificación de la ordenanza de Zona de Ciudad Jardín (Bahía Blanca y Murillo y Alonso Cano en La Laguna), eliminándose elk uso hospedaje en la categoría de VUT como actividad anexa a la vivienda.
De este modo, el Ayuntamiento quiere prohibir que haya más viviendas turísticas en toda la ciudad, ampliando el anterior cambio llevado al respecto en 2022 y al que el PP, entonces en la oposición, rechazó. La razón por la que los populares toman esta decisión ahora, en el Gobierno, es que aquella modificación ha resultado “insuficiente” porque “se constata que sigue existiendo una evolución en el número de viviendas destinadas a uso turístico en detrimento del uso residencial”.
En concreto, a la fecha “constan dadas de alta en el Registro de Turismo de Andalucía un total de 2.425 VUT, con 11.509 plazas, por lo que se han incrementado en un total de 188, suponiendo en relación al número de viviendas utilizadas para el uso residencial del 4,89%”.
Esto, apunta el alcalde haciendo referencia a Informe Anual 2023 del Banco de España, ha provocado un aumento de los precios del alquiler de pisos permanente y habitual muy significativo en Cádiz, con un 23% entre 2015 y 2022. Asimismo, admite que “el crecimiento de las VUT como activo provoca que las mismas dejen de servir su vocación originaria para dar cobertura a una actividad económica distinta a la morada”, lo que “supone una grave distorsión con respecto a las viviendas disponibles para el uso originario, complicando la posibilidad de encontrar viviendas para dicho uso, y provocando conflictos por la convivencia donde se encuentra la vivienda turística como los problemas de ruidos, desconfianza entre ellos, limpieza de edificios y vías de degradación del espacio público por mal comportamiento de algunos turistas”.
