Francisco Daniel Doña, portavoz de Convive Cádiz, plataforma que agrupa a los principales profesionales de viviendas turísticas (VUT), no oculta su preocupación por la decisión del Ayuntamiento de Cádiz para prohibir más alojamientos de este tipo en toda la ciudad.
Para Doña, la crisis habitacional en Cádiz no se ha solucionado con la limitación aprobada en 2022, porque la mayoría de los pisos turísticos nuevos desde entonces no provienen del alquiler residencial, sino de segundas residencias vacías durante gran parte del año, viviendas desocupadas o locales transformados. “Solo el 8% de las 1.408 viviendas turísticas activas provienen de antiguos alquileres residenciales”, sostiene, para insistir en que el verdadero problema es la falta de oferta de vivienda.
En conversación telefónica con VIVA CÁDIZ, el portavoz de la plataforma formula tres preguntas al equipo de Gobierno encabezado por Bruno de García. “¿Por qué no hacen nada el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía contra las viviendas turísticas ilegales y para depurar el Registro de Turismo, que sabemos que está inflado?”, cuestiona, en primer lugar.
Doña también se plantea “por qué la Administración local no incluye en la modificación del PGOU la prohibición de apartamentos turísticos y hoteles en fincas de grado 1”.
Y, finalmente, tras rechazar una vez más “la criminalización” del sector, ironiza: “¿A quién van a culpar a partir de la prohibición de pisos turísticos en toda la ciudad que siga subiendo el precio del alquiler y siga bajando la población?”.
