El alcalde, Bruno García, anunció la semana pasada sendas modificaciones del PGOU para la prohibición de la concesión de nuevas licencias turísticas en la totalidad de la ciudad y el blindaje del suelo residencial y los bajos comerciales de los bloques de piso ante nuevos hoteles y apartamentos turísticos. El primer edil da, de este modo, un giro en el debate sobre el acceso a la vivienda asumiendo que la turistificación ha incrementado el precio de los alquileres residenciales y que la gentrificación perjudica a los barrios, expulsando a sus vecinos.
Para el PSOE, estas medidas llegan tarde, y Adelante las considera insuficiente, al poner el acento en la necesidad de controlar la actividad de los pisos turísticos ilegales, fomentar la construcción en régimen de alquiler social y rechazar la venta de suelo público. El Sindicato de Inquilinos y Cádiz Convive, organización que representa al sector de las viviendas destinadas a alojamiento vacacional, solo coinciden en la necesidad de rescatar los inmuebles desocupados, que se cuentan por miles en la ciudad. El primer edil ha asegurado que estudia fórmulas para que estos pisos salgan al mercado de venta o alquiler, pero no ha concretado. Sí ha madurado otras medidas, junto a un mayor esfuerzo en construcción, como compatibilizar el suelo dotacional o económico con el residencial o la conversión de locales y oficinas en viviendas.
