El Juzgado de Instrucción número 4 de Cádiz ha emitido una condena por un delito leve de coacciones contra una profesional del Servicio Andaluz de Salud (SAS), directora gerente del Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda, por un episodio de violencia sufrido el pasado junio en la Casa del Mar, ubicada en la capital gaditana.
La jueza refleja como hechos probados que el pasado 21 de junio, en el transcurso de una reunión de la Comisión de Participación Ciudadana del Distrito, a la que asistían distintas asociaciones y entidades, junto a la directora gerente y su equipo, el acusado irrumpió en la sala donde se encontraban, “alzando la voz y con una actitud corporal enérgica”. Señalando con el dedo a la profesional, le gritó, entre otras cuestiones: “no tiene miedo con lo que puede pasar con su gestión, pues debería tener miedo”.
Ante esta situación, la gerente se quedó “bloqueada y asustada” y no pudo seguir con su exposición a los asistentes, mientras que el condenado, ante la petición por parte de un miembro del equipo de Distrito de que se marchara, dijo que no lo haría “hasta que no le diera una cita para reunirse”. La gerente pidió que se le tramitara la cita y el acusado se marchó.
El Juzgado considera que estos hechos son constitutivos de un delito leve de coacciones, “pero no por ello carente de reproche penal, dadas las circunstancias en las que se desenvolvió el comportamiento del denunciado”, según la sentencia. Así, le impone la pena de 3 meses de multa, con cuota diaria de 10 euros, y abono de las costas.
La Delegación Territorial de Salud y Consumo quiere mostrar su satisfacción por la condena, que demuestra que los episodios de violencia en el ámbito sanitario pueden ser castigados, independientemente de su condición, agresión física, amenaza o insulto.
La Delegación, en la línea de lo expresado públicamente por la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, quiere recalcar que esta denuncia procede de una profesional del SAS que se ha sentido agredida en su lugar de trabajo, como cualquier otra, de cualquier categoría, de un hospital o centro de salud. En este sentido, merece la misma consideración pública como víctima, independientemente de la notoriedad del acusado, quien, además, el juzgado ha considerado culpable de un delito
