La formación de izquierdas considera que es pertinente la actualización del Protocolo Antidesahucios, incorporando las medidas para personas en situación de vulnerabilidad recogidas en el RDL 1/2025, y la actualización de los baremos para situaciones de excepcionalidad, lo que hubiera impedido el desahucio de casos como el de Tamara y sus hijas.
IU Cádiz ciudad ha exigido al Ayuntamiento que salga de la “parálisis” en la que se encuentra instalado y tome medidas para evitar que desahucios como el de Tamara vuelvan a producirse fruto de la contradictoria intervención municipal que, desde el área de vivienda denunciaba a la familia, y desde servicios sociales emitía un informe de vulnerabilidad para evitar el desahucio. Y todo ello junto al evidente desconocimiento de la normativa reciente para la protección habitacional de personas en situación de vulnerabilidad.
Para la formación de izquierdas, resulta lamentable que el Partido Popular haya conseguido la “deshonra” de ser portada a nivel nacional por desahuciar de una vivienda municipal a una persona en situación de vulnerabilidad, con dos menores y una enfermedad grave, por lo que es preciso que se adopten medidas para evitar que casos como este vuelvan a ocurrir.
Para ello, la organización de izquierdas, recuerda al Partido Popular que, en lugar de sentarse en la mesa de las promotoras, debe “sacar del cajón” y actualizar el Protocolo Antidesahucios que el anterior Equipo de Gobierno activó para adaptarlo a la legislación actual y cumplir con la obligación de suspensión de lanzamientos que recoge el Decreto 1/2025, así como con el mandato legal de buscar alternativas antes de proceder a un desalojo.
Precisan desde la formación que durante el anterior mandato se estableció un protocolo de coordinación entre PROCASA y Servicios Sociales para prevenir y evitar los desahucios en vivienda pública, de forma que se valoraban previamente las situaciones de vulnerabilidad y se buscabansolucionespara asegurar la protección de los menores.
Por último, la misma formación señala que es oportuno igualmente actualizar los baremos y herramientas que se utilizan para reconocer la excepcionalidad por razón de urgencia que contempla el Registro Municipal de Vivienda. El actual contexto de crisis económica y social, junto al encarecimiento de los precios de la vivienda y las desigualdades inherentes al género, ha provocado que familias, la mayoría formada por mujer e hijos, no puedan acceder al alquiler y se vean abocadas a vivir en precario, en condiciones a veces infrahumanas y en un peregrinaje continuo de mudanzas y expulsiones. Pese a los esfuerzos, estas familias no consiguen proporcionar la estabilidad y la seguridad que necesitan los y las menores para su desarrollo. Por lo que, como afirman desde la formación de izquierdas, es preciso que estos baremos establezcan como prioridad absoluta la disposición de una vivienda para familias en riesgo de exclusión en las que convivan menores.
