El consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha lamentado la negativa “incomprensible y sin sentido” de Zona Franca de Cádiz para cerrar un acuerdo sobre el suelo previsto para el nuevo hospital de la capital, acusando al PSOE de ser “obstáculo” para el impulso de esta infraestructura. “¿A Zona Franca qué más le da y cómo va a explicar que se niega a que el Ayuntamiento lo compre y lo ceda a la Junta?”, se ha preguntado, para advertir de que “Todos los gaditanos sabrán que este proyecto, si no se hace, es por culpa del PSOE”, y reclamar a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que “deje de frenar el futuro de Andalucía y de Cádiz y rectifique las palabras del delegado de Zona Franca”.
Por el contrario, para el portavoz municipal socialista, Óscar Torres, “el PP está mareando la perdiz porque no quiere construir el hospital”. Por un lado, ha recordado que las competencias en materia de sanidad son de la Junta de Andalucía. Por otro, ha lamentado que la única fórmula del Ayuntamiento para adquirir el suelo de CASA sea ofrecer a Zona Franca una operación urbanística porque el Consorcio “no tiene como finalidad construir viviendas”. Y, con respecto a las dos propuestas, ha tachado de “ocurrencia” edificar una torre de 26 plantas en Puntales, y rechaza que se destine a uso residencial la parcela del antiguo colegio Adolfo de Castro, que debe mantener su uso educativo.
En esta línea se ha expresado David de la Cruz, quien lamenta que el alcalde, Bruno García, “haya permitido el cierre de un colegio público sin levantar la voz, sino que, además haga negocio con el cierre de ese colegio público”. El primer edil, ha agregado, “antepone los intereses del PP a los de Cádiz, desprecia a la ciudad”. Y ha denunciado que el equipo de Gobierno “permite que se desmantele la sanidad pública y facilitan que la Administración autonómica se forren con esa barbaridad”.
Por su parte, el portavz de Podemos Andalucía, José Manuel Jurado, ha introducido otra clave en el debate al considerar la posibilidad de que el incumplimiento para ejecutar el hospital se deba a “intereses económicos, visto el fraccionamiento irregular de contratos y prórrogas injustificadas con empresas privadas por valor de 235 millones por parte del SAS” y que están siendo investigados por la Justicia.
Cabe recordar sobre esto que la ex consejera de Salud Catalina García sostuvo en marzo de 2023 que el centro hospitalario estaría ejecutado en cinco o seis años y obligaría a reducir los conciertos como clara apuesta por la sanidad pública.
