Demetrio González accedió esta mañana al juzgado de Instrucción nº 3 de Cádiz 45 minutos antes de la hora de la citación. Ante la jueza, el investigado, director Económico de la Central de Compras del Servicio Andaluz de Salud (SAS), se ha negado a contestar a sus preguntas, así como las formuladas por la Fiscalía y de la acusación popular, que ejerce Podemos Andalucía, según fuentes del caso.
González, investigado por un supuesto delito de malversación en relación a los contratos SAS tramitados por el procedimiento de emergencia en 2021, solo ha respondido a su abogado, que ha incidido en que sí existían informes de actuación por parte de la Intervención, de acuerdo al reglamento de la Junta de Andalucía.
El responsable del SAS ha restado importancia al informe de Intervención y ha sostenido que se trabaja así desde 2003. Además, ha asegurado que no le constan prórrogas de obras y que si las había eran para servicios esenciales. En cuanto a la compra de medicamentos, se ha referido a “proveedores exclusivos”. En cualquier caso, ha dicho a la jueza que ignora los hechos por los que se la imputado.
La acusación popular quiso conocer en vano quién había nombrado para su puesto actual a González, sus funciones y quién le hacía llegar las compras.
Para la coordinadora general de Podemos Andalucía, Raquel Martín, el caso tiene que ver con que “se trata de muchísimo dinero, que en Cádiz hace tiempo que se debería haber construido un nuevo hospital y que, sin duda, la construcción y puesta en funcionamiento implicaría que muchas empresas que tienen contratos a dedo, podrían dejar de tenerlos”.
“¿Hay intereses privados en que todo siga igual en Cádiz y no se construya el hospital? ¿Existe un holding de empresas privadas que se benefician de la falta de control y de la sistemática vulneración de la Ley de Contratación del Sector Público?”, se ha preguntado, para remarcar que “eso es lo que hay que resolver”.
