IU Cádiz ciudad ha vuelto a denunciar en una nota el "sectarismo" del Partido Popular en materia movilidad sostenible, que además del perjuicio evidente que está generando a los vecinos y a las vecinas con la paralización de proyectos encaminados a mejorar la sostenibilidad y la accesibilidad, va a tener consecuencias económicas en las arcas municipales.
En ese sentido, IU Cádiz ciudad trae a colación el "negacionismo" de las políticas de movilidad que el Partido Popular venía practicando en la oposición y que forma parte de una estrategia "rancia y antigua" basada únicamente en favorecer el uso del coche. Esta forma de entender la ciudad, es lo que a juicio de la formación de izquierdas ha motivado el ‘bloqueo’ a la implantación de la Zona de Bajas Emisiones.
Ahora en el gobierno municipal, aseveran desde la formación, lo están llevando a cabo, siendo ahora el caso de la paralización del proyecto para la implantación de la Zona de Bajas Emisiones, a las que todas las ciudades de más de 50.000 habitantes están obligadas por la Ley de Transición Ecológica, y para lo que parece que Bruno García está decidido a “saltarse la ley” si es necesario para mantener sus postulados ‘negacionistas’ de la movilidad sostenible.
Este proyecto, se dejó definido por el anterior Equipo de Gobierno y con la financiación necesaria para su puesta en marcha, siendo incluso señalado como referente por parte del Ministerio de Transición Ecológica, tanto por su diseño como por su ambición para la consecución de los objetivos para una ciudad más amable, segura y sostenible.
Inciden desde la formación, que el ‘negacionismo’ de Bruno García está teniendo consecuencias económicas que ahora van a agravarse, ya que la gestión de los Fondos NextGeneration en materia de movilidad también conllevan la devolución de la subvención obtenida y sanciones económicas en caso de incumplimiento de los plazos. A la devolución de más de un millón de euros que ha tenido que hacer frente el Ayuntamiento por rechazar el sistema de alquiler de bicicletas y el proyecto de mejora de la accesibilidad en las paradas de bus, se puede sumar la devolución por la tardanza en poner en pie la Zona de Bajas Emisiones, lo cual ascendería a casi dos millones de euros. Indica la formación, que a estas cantidades habría que sumar a futuro la pérdida de otras subvenciones o transferencias que recibe a día de hoy el Ayuntamiento y que están vinculadas a la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones, como el caso de la subvención al transporte urbano.
Por tanto, concluyen desde la formación afirmando que el Partido Popular ha demostrado que la movilidad sostenible y la accesibilidad son ‘derechos de segunda’, sin que le importe lo más mínimo tampoco la merma que puede suponer a las cuentas municipales.
