El sindicato esgrime que “nuestra postura es la de plantear alternativas reales para la reducción del gasto en el capítulo uno de personal. Los problemas financieros, económicos y políticos del Ayuntamiento tienen como únicos responsables a los dirigentes y gestores de las distintas corporaciones que se han sucedido en la gestión. Los trabajadores no son culpables de la ineptitud e irresponsabilidad política. La obligación de un político es buscar los medios necesarios para que toda persona que quiera trabajar pueda hacerlo, derecho fundamental recogido en nuestra Constitución y no alimentar disputas entre trabajadores en activo y en paro”.
Además, la central sindical opina que “la gestión municipal debe garantizar los servicios a la ciudadanía. Una administración local no puede ser utilizada como una oficina de empleo, no se pueden utilizar las contrataciones del Ayuntamiento como una compra de votos de los distintos partidos que gobiernan y han gobernado nuestro municipio; existen otros mecanismos públicos para el empleo, como servicios sociales, bolsas de empleo, ofertas de empleo público y las mesas de contratación, que por cierto en este Ayuntamiento no existen en la actualidad”. El sindicato recuerda también que “el Ayuntamiento no es una agencia de colocación privada al servicio de los partidos políticos: es un organismo público”.
Por último, asegura que su postura “siempre ha sido la de crear estructuras reales y eficientes de trabajo, denunciando el gasto excesivo e innecesario de las arcas municipales que pagamos entre todos. Venimos denunciando pública, legal e internamente la ineficaz gestión de los políticos, en muchas ocasiones de dudosa legalidad. Los sindicatos estamos para defender los derechos universales de los trabajadores y no sólo la de nuestros afiliados”. También apuntan que su postura ha sido ésta con el anterior gobierno y con el actual.
