La ley de Vivienda de Andalucía aprobada el 8 de marzo de 2010 obligaba a los municipios a presentar sus propios planes en un plazo de dos años. Así, que agotando los plazos y por imperativo legal el Consistorio isleño aprobó el pasado 19 de marzo mediante decreto de Alcaldía el Plan de Vivienda Protegida, que fue presentado este martes en el consejo de administración de Esisa.
Un plan que se ha confeccionado sin contar con la participación de los representantes sociales de los colectivos a los que afectará el plan, esto es: mayores, jóvenes, discapacitados, mujeres, etc. Tampoco se ha contado con la participación de otros agentes socioeconómicos como las entidades financieras. Ni tan siquiera se ha presentado en el Pleno municipal, que es el espacio ineludible donde deberían debatirse planes tan importantes para el futuro de la ciudad como es el plan que regirá la construcción de las viviendas de protección oficial en San Fernando, según los socialistas.
Múltiples carencias
Con esta práctica, los responsables del plan "sólo han intentado ocultar las múltiples carencias e incumplimientos que presenta un Plan de Vivienda Protegida aprobado para salir del paso".
El nuevo plan que determinará la construcción de las viviendas por parte de Esisa carece incluso de una programación temporal de actuaciones. El plan es para cinco años y, por tanto, debería reflejar las viviendas que van a construirse anualmente de forma detallada y contener una previsión semestral contabilizando las viviendas construidas, rehabilitadas u ofrecidas. Un estudio imprescindible que brilla por su ausencia.
"Un ciudadano debería saber cuántas viviendas, de qué tipo y cuándo va a construir Esisa para tener una previsión de si le conviene solicitarla o no. El Ayuntamiento no puede funcionar de espaldas a los ciudadanos para los que trabaja", explicó la concejala del PSOE de San Fernando encargada de temas urbanísticos, Patricia Cavada.
Tampoco tiene lógica, y deja claro la ineficacia del plan, que en los números globales contemplen una mayor construcción de viviendas municipales destinadas a la venta que al alquiler, que son las que más demandantes tiene en cualquiera de las categorías en cuanto al nivel de ingresos de los mismos, siempre según la interpretación del PSOE.
El documento, además de no contar con un estudio económico o financiero que respalde la viabilidad de las actuaciones que el plan recoge, no contempla la construcción de viviendas específicas, ya sean simples o tuteladas, para las personas mayores, no detalla ni incluye un estudio en relación a la rehabilitación de viviendas, ni propone actuaciones concretas sobre el elevado número de viviendas vacías existentes en la ciudad, que debería de evitarse mientras haya ciudadanos demandantes de viviendas municipales. Al igual que tampoco refleja una previsión de viviendas concretas destinadas a los colectivos más desfavorecidos.
Tampoco aprovecha la oportunidad para impulsar un órgano de control, donde se encuentren representados todos los afectados, que vigilen el adecuado cumplimiento del plan. Finalmente, no incluye un Registro de Solares, cuya creación también obliga la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Incumplimiento de la Ley
Todo esto se une a la flagrante falta de participación ciudadana a la hora de elaborar el plan. Lo que supone un incumplimiento más del Ayuntamiento, ya que la legislación aconseja, específicamente en el artículo 11 de la Ley de Vivienda de Andalucía, que estos planes sean consultados con los responsables de Colegios Profesionales, entidades financieras, promotores, sindicatos y asociaciones vecinales.
“Nada de esto se ha hecho porque se ha confeccionado de prisa y corriendo. Algo que desgraciadamente se está convirtiendo en una costumbre en la gestión diaria de este Ayuntamiento gobernado por José Loaiza. Ahora quieren reparar su error con una declaración de intenciones en la que se expresa su voluntad de comunicar y explicar el plan a los colectivos afectados, a todos los que necesiten una vivienda de este tipo. Pero comunicar no es consultar, es decirle a los ciudadanos: esto es lo que hay”, aseguró Cavada.
En definitiva, el Plan Municipal de Vivienda Protegida aprobado es una “nueva tomadura de pelo a los ciudadanos” por parte de los dirigentes del Ayuntamiento isleño. El PSOE se teme que una vez más la causa por la que el documento está tan poco trabajado es que a sus responsables les han pillado los plazos legales previstos y se han visto obligados a presentar un plan que no es más que una “burda imitación de otros planes que no tienen en cuenta la particular problemática de San Fernando”.
