El objetivo municipal con esta medida es, por un lado, rehabilitar aquellas viviendas que, por su antigüedad, necesitan una serie de arreglos para garantizar la seguridad de sus inquilinos. Por otra parte, quieren crear una bolsa de trabajo entre los profesionales de la construcción, “un sector muy castigado por la crisis”, según explicó ayer el edil de Urbanismo, Javier Márquez.
Se verán afectados los propietarios de unos 6.000 inmuebles que tendrán que pasar esta inspección. Son los que hoy superan el medio siglo de antigüedad. No obstante, se sumarán 17.000 pisos más que en un año y medio superarán el medio siglo y tendrán que someterse también a un análisis técnico. Por tanto, la ordenanza afectará en total a más de 23.000 edificios en los próximos dos años.
Los propietarios tendrán que hacerse cargo del coste del informe técnico sobre el estado del inmueble. La Federación de Vecinos ‘OCO’ reclamó al equipo de gobierno la disposición de ayudas públicas para afrontar una inversión, especialmente en familias más desfavorecidas. En este sentido, el edil de Urbanismo informó de que habrá que elaborar una ordenanza fiscal aparte que contemple esas subvenciones para casos de familias con las rentas más bajas.
En el consejo de Urbanismo se inició la propuesta de modificación puntual del PGOU para “desarrollar administrativamente” el centro de deportes que se va a construir en la parcela del antiguo campo de fútbol de La Victoria.
