Sin embargo, la propuesta del Gobierno popular no contaba con el visto bueno de la Intervención municipal que, en el informe emitido al respecto, asegura que el texto refundido de ese plan elaborado por Urbanismo en enero de este 2009 “es perjudicial para el Ayuntamiento”, además de suponer una modificación de un acuerdo plenario “sin que se especifiquen los motivos”.
En mayo de 2007, el anterior equipo de Gobierno impulsó el plan de sectorización de Las Marías, que promovía el grupo Jale a través de su inmobiliaria Amuerga, ahora en suspensión de pagos. El proyecto presentaba un 36,63% de VPO, es decir un 13,37% menos de lo que exige el vigente PGOU en su planeamiento, pero como compensación se obligaba a la entidad mercantil a aportar al Ayuntamiento en el plazo de un mes desde la aprobación definitiva 1.242.912 euros, cantidad que el Consistorio destinará a la construcción de un centro cívico.
En noviembre de 2008, la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CPOTU) daba su aprobación definitiva al plan de sectorización. Según informó entonces la Junta en un comunicado, el proyecto de
Las Marías permitiría la creación de una zona residencial y terciaria con 819 viviendas, de las cuales 309 se destinarían a VPO. El documento, al ordenar pormenorizadamente el sector, dejaba paso al cumplimiento del siguiente trámite, que sería el de la redacción del preceptivo proyecto de urbanización.
No obstante, en mayo el Pleno había aprobado una moratoria para que el promotor presentase “en el plazo de un mes desde el acuerdo de aprobación definitiva la garantía correspondiente al diez por ciento de la suma del coste total de la ejecución de las obras de urbanización”. En la propuesta que el equipo de Gobierno pretendía someter a votación el pasado jueves, se habían variado los términos. Así se iba a requerir “al promotor para que preste, previamente a la inscripción en los registros municipal y autonómico y publicación definitiva del plan de sectorización la garantía correspondiente al diez por ciento del coste total de la ejecución de las obras de urbanización”. Con esta variación de términos, sostiene la viceinterventora María Dolores Guerrero que “se está ampliando el plazo para la prestación de la garantía” acordada por la Corporación en mayo, y la cual además “condicionaba la eficacia de la aprobación definitiva del proyecto de sectorización”.
Además, y en cuanto al ingreso de 1,2 millones y como éste debe hacerse en el plazo de un mes desde la aprobación definitiva por parte de la Junta se entiende que el plazo “está ampliamente rebasado”, ya que recibió el visto bueno en noviembre. El ingreso no ha sido realizado.
