De Argentina nos llegan cosas buenas o no tanto. Entre las primeras hay que alabar el obsequio del Papa Francisco, paradigma de sencillez, austeridad y amor a los pobres. El contrapunto puede ser la Presidenta Cristina, que juega con nuestros legítimos intereses de forma grosera. En este último contexto se inscribe el “escrache”, que acaba de iniciarse en España, aunque en Río de la Plata la plataforma HIJOS lo puso en práctica hace bastantes años. Se trata de una forma de activismo, en la que los protagonistas pretenden impactar sobre personas a los que consideran antagonistas, manifestándose en grupos ante su domicilio o lugar de trabajo, pegando en las fachadas los retratos de sus víctimas y golpeando sus puertas e increpándoles con proclamas tales como “alerta a los vecinos, aquí vive un asesino”. Uno puede preguntarse por qué se actúa de tal modo. La contestación es simple: se intimida a esas personas para forzarlas a tomar decisiones a la medida de los intereses de los escracheros.
En nuestro país, Ada Colau es portavoz de una Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) surgida hace cinco años y defensora de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), que incluye tres reivindicaciones: stop a desahucios, dación en pago (reversión de la vivienda a la entidad bancaria sin más) con un carácter retroactivo y alquiler social. La tal iniciativa, avalada por casi millón y medio de firmas, fue presentada en el Congreso en febrero pasado y no contó con el voto favorable del PP, que la estimó obsoleta a la vista de su propio plan que incluye dación en casos selectivos. Resulta imperioso evitar los desahucios de quienes se hallan en situación económica crítica y la carga de la hipoteca representa una debacle que a veces les lleva incluso al suicidio; pero es obvio que ello no puede generalizarse sin más: no ocurre así en todos los casos, y modificar drásticamente las reglas del juego significaría el colapso de muchas actividades financieras.
Pero lo que resulta inadmisible es recurrir a la coacción para torcer la voluntad de los políticos. Cuando escribo estas líneas, quince miembros del PP han sido sometidos a escrache en los últimos días. Conocimos primeramente el episodio en el domicilio de Esteban González Pons, al que han seguido iguales invectivas al ministro de Justicia Gallardón, y luego otros más. Ada Colau dice que el escrache es la última ratio, cuando los demás esfuerzos no han sido útiles, y puntualiza que su práctica es admonitoria pero no violenta. En todo caso, como bien dice el presidente del Congreso Jesús Posada, es derecho de los diputados votar con entera libertad. Soraya Sáenz de Santamaría advierte que la libertad de manifestación no puede llegar a tales extremos. El líder de IU Cayo Lara, en cambio, comprende a la PAH.
El escrache ha llegado y nos traerá más de un dolor de cabeza. El PP parece el muñeco del pim-pam-pum sobre el que cargar todas las culpas. Si la memoria no me falla, el gobierno de Zapatero rechazó ya la dación en pago y no pasó nada. Se me ocurre ahora una pregunta de contraste: ¿para cuándo las manifestaciones en Andalucía por el abuso de los EREs, con sustracción de fondos destinados a trabajadores en crisis?
