La juez Mercedes Alaya ha decidido levantar el secreto de sumario que durante casi siete meses --desde el pasado día 6 de noviembre de 2012-- había ido prorrogando sobre el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía, según ha adelantado este jueves el diario 'El País'.
Fuentes del caso han apuntado a Europa Press que entre este viernes y este lunes se notificará a las partes el auto en el que la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla anuncia esta decisión de levantar el secreto de sumario, dentro del cual se investiga el supuesto cobro de 'sobrecomisiones' por parte de las mediadoras que gestionaron las pólizas de prejubilación relacionadas con los ERE.
Esta decisión se produce después de que recientemente varios imputados en el caso, entre los que se encuentran el exdirectivo de Vitalia Eduardo Pascual o el dueño de Uniter, José González Mata, solicitasen a la juez que levantase ya el secreto de sumario, pues, en el caso del primero, entiende que "se está produciendo toda una investigación desde hace más de un año a las espaldas" de los imputados.
Y es que desde el pasado mes de noviembre, la magistrada ha prorrogado hasta en seis ocasiones el secreto de sumario a petición de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a fin de investigar quiénes son los "verdaderos" beneficiarios de los fondos públicos investigados y la posible comisión de delitos de asociación ilícita, cohecho y blanqueo de capitales.
En un auto dictado el pasado mes de abril, la juez aseguró que las diligencias desarrolladas por la UCO dentro de la operación 'Heracles', que se saldó con la detención de 22 personas, "van a suponer un punto y seguido a las diligencias de averiguación" que practica la Benemérita, "pues mucha de la documentación intervenida se encuentra en soporte informático y es claro que del análisis de esta documentación podrán derivarse nuevas diligencias asociadas".
Dentro de la operación 'Heracles' desarrollada por la Guardia Civil de forma simultánea en siete provincias españolas fueron detenidas 22 personas --de las que cuatro ingresaron en prisión--, mientras que otras nueve que ya figuraban como imputadas fueron llamadas a declarar ante la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, quien mandó a prisión a tres de ellas.
En el auto del pasado mes de abril, la juez señaló que "fruto" de las diligencias practicadas por la Benemérita, amparadas por este secreto, "son numerosas las diligencias policiales que constan incorporadas a la pieza separada y que recogen una amplia operación, que ha supuesto un avance importantísimo en la instrucción, incluyendo la práctica de entradas y registros en diferentes domicilios, entre otras diligencias".
Asimismo, añadió que en dichos registros "se ha incautado abundante documentación, que lejos de ser culminante, van a suponer un punto y seguido a las diligencias de averiguación que practica la Guardia Civil, pues mucha de la documentación intervenida se encuentra en soporte informático y es claro que del análisis de esta documentación podrán derivarse nuevas diligencias asociadas en virtud de los datos que vienen extrayendo".
Al hilo de ello, la juez Alaya dijo que, "teniendo en cuenta lo anterior y que el conocimiento de lo actuado hasta la fecha por las partes personadas, así como de esas nuevas diligencias que se ordenen, podría provocar la destrucción de indicios o fuentes de prueba por parte interesada, anulando eficacia de la acción policial y judicial", se considera "imprescindible" prorrogar el secreto "para asegurar el éxito de la investigación".
En el marco de la operación 'Heracles' fueron detenidas 22 personas y otras nueve que ya figuraban como imputadas fueron llamadas a declarar. En total, ingresaron en prisión siete personas, entre las que destacan el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero; el 'conseguidor' de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas, o exdirectivos de Vitalia.
