El SAS invierte en el Vigil de Quiñones ante el silencio sobre el Hospital Naval

El Servicio Andaluz del Salud (SAS) de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y el Ministerio de Defensa mantienen el más absoluto silencio sobre la ampliación del convenio para el uso civil del Hospital de San Carlos, cuyas últimas noticias se remiten a la declaraciones no oficiales de que los técnicos de las dos Administraciones implicadas están en el proceso de ajustar las cuentas y ver hasta dónde se puede llegar en esa ampliación. 

Por contra, lo que ha quedado claro en estos últimos días es la voluntad de la Junta de Andalucía de seguir invirtiendo en las infraestructuras sanitarias a través del desarrollo de convenios que se firmaron hace más de cinco años y que han estado relativamente parados hasta el momento en que el Gobierno andaluz ha dado el visto bueno al gasto de mil millones de euros en obra pública. 

En ese contexto de las medidas contra el paro se enmarca el paso dado para dotar a Sevilla capital de un nuevo hospital, con la particularidad de que en este caso es el Vigil de Quiñones, antiguo hospital militar del que dependía el convenio del Hospital de San Carlos que finalizó de forma brusca en 1999 en calidad de anexo del que el SAS mantenía con Defensa para la utilización de las instalaciones del Ejército. 

Ese paso es la aprobación el pasado 24 de febrero por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de la autorización al SAS para contratar obras por valor de 32,5 millones de euros, que se destinarán a la reforma del área de hospitalización, ampliación de sede administrativa y nuevas zonas auxiliares, que a su vez crearán 130 empleos directos.

Primeros gastos
De ese gasto aprobado el 24 de febrero ya se recoge en el Boletín Oficial del Estado de fecha 2 de marzo de 2009 el gasto de 547.941,38 euros destinados al servicio de dirección de obra, dirección de ejecución de la obra y coordinación de seguridad y salud durante la ejecución, lo que da ida de que las cosas marchan aprisa cuando en apenas una semana ha habido dos aprobaciones sobre el mismo tema. 

La noticia en sí no tendría más trascendencia para los servicios sanitarios de San Fernando si no fuera porque el convenio entre la Junta de Andalucía en el año 2003, con el Ministerio de Defensa al frente del cual estaba el popular Federico Trillo y con el Ayuntamiento de Sevilla al frente del cual estaba el alcalde socialista, Alfredo Sánchez Monteseirín, fue calificado por el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, como un “ejemplo de que los acuerdos entre Administraciones son posibles cuando hay voluntad política de llegar a ellos”. 

Para entender en toda su amplitud esa afirmación, baste decir que la firma del convenio entre las dos Administraciones -del PP, la central, y del PSOE, la autonómica, además de la municipal, también con alcalde socialista-, contemplaba la transferencia del hospital militar a la Junta por un importe de 34,5 millones de euros, aunque la Junta sólo tendría que aportar seis y la ciudad de Sevilla -la gran beneficiada- una serie de contraprestaciones urbanísticas a Defensa en el marco del Plan General de Ordenación Urbana, que le supondrían al ministerio poder cobrar indirectamente los 28,5 millones de euros restantes. 

En virtud de ese convenio -que también hay que decir que ha tardado en materializarse- el personal civil sanitario del Ministerio de Defensa, unos 500 trabajadores, podrían solicitar adscribirse a la Junta de Andalucía de acuerdo a su categoría profesional.

Extrapolaciones
Obviamente, la extrapolación de un convenio de ese tipo a San Fernando y al Hospital Naval de San Carlos -y se habla de una extrapolación y de una posibilidad, solamente- hubiera sido posible en los primeros meses de 2007 si como ha asegurado por activa y por pasiva el alcalde de San Fernando, Manuel María de Bernardo, la Junta de Andalucía y el Ministerio de Defensa hubieran hecho la reserva de suelo que hizo el Ayuntamiento, presumiblemente, antes de que la hicieran las dos Administraciones mencionadas. 

Esa extrapolación también sería posible -si se dieran también otras condiciones como que Junta y Defensa estuvieran decididos de una vez a traspasar el hospital al SAS- si la Junta y Defensa accedieran a entrar a formar parte de la reserva de suelo que ha hecho el Ayuntamiento, aunque con éste teniendo “la sartén por el mango”, que decía el alcalde. 

O sea, que condiciones razonables se dan para establecer un paralelismo no sólo teórico sino práctico entre Sevilla y San Fernando, salvo en la intención que el Ayuntamiento tiene con respecto a esos terrenos y los que podría tener la Junta y Defensa, siempre que fuera cierto lo que ha asegurado el alcalde sobre las intenciones de ambas administraciones que nunca se han demostrado. 

Si además es cuestión de hablar de normalidad institucional, dejando a un lado las relaciones cada vez peores con el Ministerio de Defensa -más malas o menos en función de que hable el PSOE o el alcalde, pero no buenas-, hay precedentes de operaciones con otras Administraciones Públicas, como la que está teniendo lugar entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Fomento en los terrenos de la antigua estación, o con el Ministerio del Interior y la nueva Comisaría de Policía, pagada en parte con un convenio urbanístico.

La desconfianza mutua
La ruptura de las relaciones entre el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de San Fernando, al menos en lo que concierne a los polvorines de Fadricas y a los terrenos de Camposoto, se producen por motivos económicos al considerarse desde Defensa que le deja la peor parte en relación a los reversionsistas, a los que se permitía le construcción de las viviendas de renta libre en las que se sustentaba el pago por sus terrenos y las ganancias de unos 30 millones de euros que el Ayuntamiento pensaba ingresar para invertir en otras necesidades de la ciudad. 

Sin embargo el problema principal, a tenor de lo declarado tanto por Defensa como por el Ayuntamiento, es que se ha perdido la confianza entre las dos Administraciones; la de Defensa hacia el Ayuntamiento porque afirma que el Ayuntamiento cambió el convenio y la del Ayuntamiento hacia Defensa, porque dice que se desdijo cuando ya estaba todo apalabrado. Y así ya es imposible un acuerdo a tres.