Pizarro y Toscano apuestan por retrasar las leyes municipalistas para buscar el consenso

El consejero de Gobernación, Luis Pizarro, y el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Francisco Toscano, se mostraron ayer dispuestos a retrasar la aprobación de dos principales leyes de carácter municipalista, la de régimen local y la de participación de tributos, para alcanzar un consenso entre los grupos parlamentarios, aunque reiteraron el compromiso de que verán la luz antes de las próximas municipales.


Tanto Pizarro como Toscano, reunidos ayer en una primera toma de contacto tras la asunción del primero de las competencias de Gobernación, quisieron explicar que la apuesta por este retraso, que impediría que el texto llegara al Parlamento en junio como aprobó la propia Cámara y se comprometió el ex presidente Manuel Chaves, busca lograr el consenso entre los grupos parlamentarios, que desarrollan de forma paralela a los contactos entre la Junta y la FAMP un grupo de trabajo para consensuar esta ley.


De hecho, el propio Toscano quiso aclarar que, en su momento, la fecha de junio le pareció un periodo “muy corto” para abordar esta Ley y así lo dijo públicamente, aunque tanto él como Pizarro alabaron el trabajo “muy avanzado” realizado por la anterior consejera de Gobernación, Clara Aguilera, para consensuar con los municipios tanto la Ley de Régimen Local como la de participación de los entes locales en los tributos de la Comunidad.


Ambos quisieron matizar que es posible presentar esa Ley con el bagaje y el trabajo desarrollado en el mes de junio, aunque igualaron estas normas a la negociación del Estatuto de Autonomía, lo que requiere que estén “muy bien negociadas, tanto en el Parlamento como en los municipios”.


A pesar de todo, reiteraron que el compromiso es aprobar ambas normas antes de las elecciones municipales de 2011, unas leyes que, según Toscano, no sólo resolverían las reivindicaciones municipalistas, sino también serían “una oportunidad para sentar un precedente” que sirviera al resto del Estado.


La oposición critica el nuevo retraso


El posible retraso en la aprobación de esta Ley, a pesar de que busque el consenso entre los partidos políticos, no ha sentado muy bien en los grupos de la oposición.


La vicepresidenta de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) en representación del PP-A y alcaldesa de Marbella (Málaga), Ángeles Muñoz, consideró "inaceptable" el nuevo retraso en la presentación de estas leyes, algo que achacó a una decisión "unilateral" de la Consejería de Gobernación y del actual presidente del órgano de representación municipal, el socialista Francisco Toscano.


Muñoz dijo a Europa Press que "volver a retrasar lo que es fundamental para el municipalismo no es, en modo alguno, una decisión fruto de un acuerdo en el seno de la FAMP, ya que el criterio de los miembros del PP-A es que no se retrase más algo que se tenía que haber puesto en vigor hace más de 10 años".


"Es inaceptable que por cambios políticos en el Gobierno andaluz, los municipios se vean perjudicados", señaló Ángeles Muñoz, quien recordó que durante la pasada legislatura se trabajó en el seno de la FAMP en un documento, que fue consensuado, en el que se establecía que ambas leyes fueran registradas en el Parlamento en junio de este año, con el fin de que pudieran estar aprobadas para final del ejercicio. Apuntó que en la presentación pública de ese documento, estuvieron el que era presidente de la Junta, Manuel Chaves, y toda la FAMP al completo apoyando ese planteamiento.


Por su parte, el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario de IULV-CA, Pedro Vaquero, mostró el "total rechazo" de su formación a este retraso, consideró que es una "malísima noticia" y que apuntó que el motivo ofrecido por la Junta y por la FAMP es una "simple excusa". A su juicio, el retraso se debe a que la Junta de Andalucía "no quiere dar dinero a los ayuntamientos, sino esperar a que la situación de crisis vaya amainando".


"Los proyectos de ley de estas dos normativas están perfectamente definidos por lo que el hecho de que no se registren en el Parlamento andaluz de forma inmediata significa que existe una nula conexión entre las preocupaciones de los ayuntamientos y del Gobierno andaluz", sostuvo Vaquero.