Así lo expresó la organización a través de un comunicado en el que también instó a la Fiscalía de Menores a que intervenga ante las denuncias que por parte de las asociaciones de padres de alumnos le sean formuladas. “El desamparo que sufren muchas familias por las conductas delictivas de algunos alumnos en los centros escolares de Andalucía exige una atención por parte de la justicia”, destacó.
En este sentido, señaló que los “penosos” hechos denunciados por los padres en Beas de Segura y en Lepe (Huelva), “no responderán a comportamientos generalizados, según las autoridades educativas, pero no se podrá negar que 248 partes de incidencias en un solo mes y centro deberían hacernos recapacitar a todos si el sistema sancionador es el correcto”.
Así las cosas y ante el silencio de las federaciones de APAS, “verdaderos palmeros de la Junta ante la que dicen defender los intereses de la escuela pública”, Confapa-Andalucía mostró su objetivo de ser “la voz de miles de familias que exigen más rigor ante actitudes intolerables que entorpecen continuamente la paz escolar”.
La confederación mostró de esta manera su postura después de que el IES Sierra de Segura de la localidad de Beas de Segura haya expulsado a tres alumnos por “una conducta gravemente perjudicial para la convivencia”, una decisión que se adoptó después de que padres de alumnos amenazaran ayer con no llevar a sus hijos al centro educativo en previsión de que los menores que fueron denunciados por abusos sexuales regresaran a las clases.
Por su parte, la delegada del Gobierno andaluz en Jaén, Teresa Vega, hizo ayer un llamamiento a la “tranquilidad” ante este caso ya que estas situaciones “muchas veces generan cierta alarma”. Vega analizó que esta polémica “hay que circunscribirla a una actuación de unos menores en un colegio concreto contra unos niños concretos” y garantizó que recibirán la sanción que les correspondan, “ahí es donde debe quedarse”, apostilló.
Frente a esta opinión, la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA) lamentó ayer “la alarma social” creada ante este caso, si bien aseguró que no le queda otro remedio que reconocer que “no se trata de un hecho aislado, sino de una realidad cotidiana en los institutos andaluces”.
Por otro lado, la delegada de Educación en Huelva, Antonia Cascales, aseguró ayer que el menor de doce años de Lepe, expulsado del centro Río Piedras de la localidad por un presunto intento de agresión sexual a tres menores de cuatro años, “será escolarizado en un centro del municipio porque está en su derecho”.
