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Miércoles 26/06/2024  

La huelga en la Justicia paraliza los juzgados de toda la provincia

Treinta y nueve de los cuarenta y siete secretarios judiciales de la provincia de Almería han secundado el paro de tres horas del pasado 21 de octubre. La convocatoria se realizó en apoyo de la secretaria del juzgado del Juzgado de lo Penal nº 1 de Sevilla, a raíz de la sanción que le fue impuesta por el Ministerio de Justicia por el llamado "caso Mariluz".
   
En la capital de Almería trabajan 30 secretarios judiciales y en la provincia 17, de los que 42 son titulares y 5 sustitutos. Del total de 47, el 83% secundó el paro, según datos de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ).

Con comunicado oficial

A las diez de la mañana, los secretarios judiciales se concentraron en la puerta de los juzgados de Oliveros y, tras mantener un encuentro a puerta cerrada, emitieron a las doce y media del mediodía un manifiesto:
1º Denunciar públicamente lo que los integrantes del Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios Judiciales venimos haciendo por vía interna ante los responsables oportunos desde hace años; estos es la insostenible situación que padecen los Juzgados y Tribunales en su funcionamiento diario provocada por: la absoluta imposibilidad de asumir la ingente carga de trabajo que soportan los Juzgados y Tribunales, con la insuficiente dotación de medios personales y materiales.

2º Con la sanción impuesta a la Secretaria Judicial de Sevilla se ha pretendido desviar la atención respecto de los reales motivos que han propiciado la desgraciada situación que todos conocemos:la absoluta carencia de medios, la obsoleta Administración de Justicia y la pasividad de las Administraciones competentes.
3º De no acometerse una reforma seria, integral y responsable de la Administración de Justicia no podemos asegurar que no se produzcan nuevos casos "Mari Luz".

4º Exigimos a los medios de comunicación que rectifiquen las continuas equivocaciones en que incurren al informar a la opinión pública sobre la figura del secretario judicial, al confundir de modo permanente su ‘status’ laboral.

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