Las mujeres víctimas de malos tratos que decidieron crear un colectivo para poder presentar sus reivindicaciones ante el Ayuntamiento y el resto de administraciones, y que el pasado viernes volvían a acudir al Pleno municipal, en esta ocasión el del Debate del Estado de la Ciudad con la intención de recordarle al alcalde y el equipo de Gobierno que siguen ahí, sin ninguna mejora y recibiendo una atención “penosa” por parte de los servicios sociales e incluso de la propia edil del ramo, Ana Fernández.
Nada más volver a casa, varias de estas mujeres recibían un nuevo varapalo de la vida. En esta ocasión, un escrito del administrador de la finca de una de ellas le advertía que “ya está redactada la demanda de desahucio” por falta de pago, según consta en el escrito recibido por la joven, madre soltera con un hijo que no recibe ayudas de los servicios sociales municipales. Una joven que cogió el dinero entregado por el Ayuntamiento “para el pago del alquiler para poder dar de comer a su hijo”, según explica la afectada.
De ahí, que desde el Ayuntamiento se le advirtiera que mientras no devolviese el dinero de esas ayudas no podrían seguir ayudándole. Por eso, esta mujer debe al dueño de la finca que tiene arrendada el abono de dos meses (mayo y junio). Para ello, para su abono, se le ofrece por parte de la propiedad de la casa tres días para que regularice la situación, y si no lo hace “dicha demanda se presentará en el juzgado”, avisan en el escrito recibido el pasado viernes. En total, esta joven adeuda la cantidad de 7171,26 euros, al propietario de la finca.
Aviso con varios meses
Pero esta mujer no es la única que ha recibido un nuevo revés en estos días. Otra del colectivo recibía una carta en su casa alertándole de que a partir del mes de noviembre ya no se le renovará el contrato de arrendamiento que tiene con la vivienda, “debiéndo ser entregadas las llaves de la misma en dicha fecha”.
Esta mujer ya fue avisada de un desahucio por un impago hace algunos meses. Un hecho del que culpaba al Ayuntamiento, por un error administrativo, pero que posteriormente el Consistorio solucionaba antes de que tuviera que acudir a la citación, a finales del mes de abril. “Por ese hecho, el dueño de la vivienda ha decidido no alquilarnos más la casa, por el impago de esa renta. No es por otra cosa”, afirma la afectada.