Navarro cree que esta nueva fórmula, que se acordó el pasado martes en la Comisión de Flujos Migratorios, no mina la igualdad de los inmigrantes que acuden a la provincia “mientras se dé respuesta a las dos necesidades”. En este sentido, abogó por “no generar falsas alarmas y llevarse las manos a la cabeza”. En su opinión, no tener documentación para trabajar no debe ser óbice para ser atendido. “Tienen derechos humanos y tenemos que garantizárselos”, advirtió.
La consejera recordó, además, que esta organización se lleva a cabo en otras ciudades, donde hay recursos específicos en los que se pide documentación, algo “normal”, y también los denominados de baja exigencia, que son ocupados por las personas en función del orden de llegada hasta que se agotan las plazas.
Esta valoración de la consejera de Igualdad se hizo un día después de que las administraciones decidieran cambiar el modelo de gestión de los albergues y prohibir la entrada a los que no tuvieran permiso de trabajo.
Cáritas amenaza con no colaborar
Cáritas Diocesana , una de las organizaciones que más colaboró el pasado año, amenazó ayer con retirar su ayuda porque “no podríamos colaborar”, según su presidente, Juan Carlos Escobedo. Cree que diferenciar los albergues es un “canto al viento” que debería llevar a cabo el establecimiento “de forma inmediata” de una red de albergues “paralela”.
Jaén Acoge estudia la legalidad
La ONG Jaén Acoge está estudiando jurídicamente la legalidad de una medida a través de la cual “pueda discriminarse o segregarse” en dos tipos de alojamientos. El responsable de la campaña de aceituna, Pedro González, cree que es una “medida política que no solventa la pobreza del ámbito del trabajo”.
