Las idas y venidas de la Junta con respecto a la jornada laboral de 35 horas para sus funcionarios levantó ayer críticas, tanto por parte de los sindicatos que firmaron el lunes el acuerdo con la consejera María Jesús Montero para burlar la sentencia del Constitucional obligando a fijar una jornada de no menos de 37,5 horas semanales, como de los que no lo firmaron.
Mientras la presidenta, Susana Díaz, insistía en el pleno del Parlamento de este miércoles en que el acuerdo contaba con todas las garantías jurídicas, a pesar de lo cual el Consejo de Gobierno decidió no darle el visto bueno, como estaba previsto, en su reunión del martes, la secretaria general de CCOO-A, Nuria López, advertía que vigilará que se cumpla el acuerdo suscrito con los sindicatos.
López, en este sentido, ha criticado la “improvisación” con que el Gobierno de la Junta ha abordado el tema y que decidiera, después de comprometerse por escrito con los sindicatos, establecer un sistema de seguimiento del cumplimiento de las 2,5 horas no presenciales de trabajo, con el que se pretendía salvar la exigencia de aumentar de 35 horas a 37,5 horas la jornada laboral, sin que ello afectara a las actuales condiciones de trabajo de los funcionarios de la Junta.
Por su parte, el Sindicato Médico Andaluz (SMA) calificó ayer de “montaje público” el acuerdo suscrito por la consejera Montero con las centrales CSIF, UGT y CCOO, y aseguró que el Gobierno andaluz y el SAS tienen mecanismos “de sobra” para mantener las 35 horas semanales “sin que esto suponga contravenir al Tribunal Constitucional”.
En este sentido, el sindicato apuntó que, “tras cinco meses de incertidumbre” y de oír a la consejera y a todo el Gobierno andaluz asegurar que “todo estaba controlado”, lo sucedido esta semana demuestra que no era así.
