El Consejo de Gobierno ha ratificado este martes, por fin, el acuerdo suscrito por la consejera de Hacienda y los representantes sindicales, para aumentar, en cumplimiento de la sentencia del TC que decía que trabajar menos es ilegal, de 35 a 37,5 horas la jornada semanal de los empleados públicos de la Junta.
El acuerdo se ha ratificado con una semana de retraso, aunque realmente no cambia nada. Los empleados públicos no cobrarán más por tener una jornada de trabajo un 7% más larga, ni tendrán que acudir a su puesto de trabajo más de lo que ya lo hacían.
De hecho, ni siquiera, pese a lo que se anunció la semana pasada, la Junta contará con un sistema para comprobar que los empleados públicos cumplan la parte de jornada que habrán de realizar, supuestamente, fuera de sus 35 horas de obligada presencia en el puesto de trabajo.
La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, explicó tras la reunión del Consejo de Gobierno, que se seguirá haciendo como hasta ahora. Es decir, que será el responsable directo de cada departamento quien, igual que hace con la jornada ordinaria de carácter presencial, controlará que los empleados cumplen también con sus obligaciones fuera del trabajo.
Las dos horas y media semanales que habrán de trabajar fuera de sus centros de trabajo los empleados públicos, en este sentido, se computarán de forma anual. Es decir, los trabajadores no estarán obligados a prolongar su jornada actual, pues para ello se elaborará un “catálogo de tareas o actividades” que se puedan computar como parte de la jornada laboral, como cursos de formación.
25.000 plazas contra la temporalidad
El Consejo de Gobierno ha aprobado la convocatoria de 25.520 plazas correspondiente a la primera oferta extraordinaria para la estabilización de más de 37.000 empleos temporales en la Junta y de sus entes instrumentales, durante los próximos tres años, con lo que se da cumplimiento al acuerdo suscrito con los sindicatos UGT, CCOO y CSIF. En esta primera fase se incluyen 25.520 plazas, de las que 18.618 corresponden al sector sanitario, 6.000 al docente y 902 a la Administración General.
