La Asociación de Trabajadores de Afinsa ha denunciado el agravio comparativo y el doble rasero del Estado en el proceso que utilizó para intervenir esta compañía y el usado ahora en las intervenciones de la entidad financiera Caja Castilla La Mancha o de la compañía aseguradora La Mutua Universal.

A través de un comunicado, Miguel Ángel García Llorente, presidente de esta asociación, que tiene su sede en Huela, ha asegurado que "mientras los clientes de Afinsa fueron castigados por el Estado, en el caso de la Caja Castilla La Mancha -con un número similar de clientes que Afinsa- no se ha dudado en permitir que se inyecten 9.000 millones de euros de recursos públicos para salvar los ahorros de los impositores".

Esta misma situación, ha proseguido, ha ocurrido en el caso de La Mutua Universal, empresa en la que "se ha apartado a sus responsables, pero se ha garantizado que pueda seguir operando para no dañar los intereses de sus clientes asegurados".

Mientras tanto, la Asociación de Trabajadores de Afinsa continúa dando pasos para lograr que los clientes de la compañía puedan cobrar la totalidad de sus inversiones.

En este sentido, la citada Asociación ha expresado  su preocupación por el desenlace de la causa que se sigue en el juzgado de lo mercantil nº 6 de Madrid, por cuanto considera que una posible liquidación judicial de Afinsa provocará vender por debajo de su valor el patrimonio de la empresa e impedirá a los clientes recuperar la inversión depositada.

García Llorente ha alertado de "la tremenda paradoja que supone liquidar la empresa cuando aún continúa la causa penal que puede establecer la responsabilidad patrimonial del Estado, en el caso de que el Juzgado de lo Penal no encuentre pruebas contra los propietarios y responsables de Afinsa, una situación que supondría para las arcas públicas asumir -sólo en el caso de Afinsa- 1.800 millones de euros".

Ante esta situación la Asociación de Trabajadores de Afinsa sigue mostrando su respaldo a que la causa mercantil opte por la vía del convenio de acreedores y no por la liquidación judicial de la compañía.