El comisario José Manuel Villarejo, actualmente en prisión por blanqueo de capitales, cohecho y organización criminal, asesoró a Kutxa-Cajasur en su crisis con varios convenios urbanísticos en las localidades de Estepona, entre ellos el que afectaba al complejo Valle Romano, bajo sospecha en el marco del caso Astapa, y de Manilva.
En el marco de aquella investigación, de 2008, cayó parte del gobierno local de Estepona (Málaga) y entraron hombres de confianza de Villarejo, como el gerente de urbanismo, Diego de Lucas, y el asesor jurídico Francisco Llamas, ya fallecido.
Según la información difundida por el diario Público, por la sede de la central empresarial del comisario encarcelado, el Grupo Cenyt, desfilaron grandes entidades envueltas en casos de corrupción urbanística para contratar sus servicios de gestión de crisis. Una lista en la que figura Kutxa-Cajasur.
El grupo vasco generó intereses inmobiliarios en la zona con Valle Romano, urbanización de lujo con 3.000 viviendas, hotel de cinco estrellas y campo de golf, fundada a medias por la Kutxa-Cajasur.
La llegada de los hombres vinculados a Villarejo despejó el panorama de uno de los convenios, el de Valle Romano, bajo sospecha. Se dio luz verde al proyecto, pese a estar éste afectado por uno de los convenios que se había denunciado ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (Udef).
Según se desprende además de un informe elaborado por la Unidad de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía, cuyas conclusiones publicó Diario Sur, la estructura societaria levantada por Villarejo tenía como fin, supuestamente, blanquear fondos procedentes de actividades ilícitas.
En mitad de esos intereses millonarios depositados en el sector inmobiliario de Estepona, dicho informe policial concluía exactamente que uno de sus hombres de su confianza, De Lucas, arquitecto de profesión, consiguió el control del área municipal de Urbanismo tras Astapa.
