"El despilfarro se instala en la Consejería de Justicia y el coste en euros de las erróneas decisiones de la Consejería que deja fuera del dialogo a las centrales sindicales lo van a pagar, como siempre, los ciudadanos", según un comunicado del sindicato CSIF.

La puesta en marcha de los servicios extraordinarios que supondrán el trabajo extra de funcionarios por las tardes en ciertos centros "no nos parece algo novedoso ya que además viene regulado, y para el CSIF los refuerzos son escasos y se aprecian las contradicciones de la propia Consejería que anteriormente no los había puesto en marcha por el elevado coste que suponían", dice el sindicato en una nota.

CSIF denuncia que la Consejería va a gastar varios millones de euros en estas medidas que al ciudadano le afectan doblemente porque las paga con sus impuestos y además no obtendrá con ellas las necesarias mejoras a la hora de recibir un servicio público de calidad en una materia tan esencial para el Estado de Derecho como es la Justicia.

"La actitud de la Consejería de Justicia está dejando al descubierto el talante antidemocrático de una Administración que anula negociaciones pregonando a través de su página web y de los medios de comunicación decisiones tomadas en relación a temas cuya negociación en Mesa aún no se ha llevado a cabo".

La Consejería está utilizando una dinámica de trabajo basada en la utilización de la opinión pública y en la negociación unilateral con otros colectivos judiciales como jueces y secretarios para luego imponer sus decisiones a través de fingidas negociaciones a los sindicatos, añaden.

"La Junta de Andalucía no habla con los representantes de los trabajadores se limita a convocar reuniones en las que las decisiones ya están tomadas. Esta actitud prepotente y antidemocrática tiene un coste enorme para el ciudadano que se traduce en euros y que no solucionará los problemas reales de la Justicia al contrario de lo que la Administración quiere hacer ver".

"Las soluciones al problema de la Justicia no se logran de un día para otro y menos con dos medidas puntuales que confirman la política de hechos consumados en la que se hurta la legitimidad negociadora de los sindicatos dando por cerrados temas que aún no han pasado por la correspondiente y obligada negociación".

"Del mismo modo, se están poniendo en práctica en los centros fórmulas de trabajo que aún no han sido negociadas", añade el comunicado.

"Si hubiese una comunicación real y necesaria con los sindicatos no se habrían producido casos ni se habrían tomado medidas como las que llevamos viendo en las últimas semanas: son muchos los ejemplos como la puesta en marcha del Servicio de Apoyo, que supone que grupos de cuatro funcionarios activos en un juzgado se trasladen a otros órganos judiciales para sacar adelante trabajo atrasado".

Para CSIF esta medida es un absoluto despilfarro, que va a suponer un gasto enorme y que no va a reportar soluciones reales, ya que no hay espacio ni medios técnicos (ordenadores) para poder desarrollar la labor y segundo porque en comparación con el gasto que va a suponer el servicio no parece que su operatividad y efectividad vayan a dar buenos resultados".