El juzgado de lo penal de Jerez ha fallado en el proceso contra el equipo de gobierno de la exalcalesa Pepa Caro por un presunto delito contra la ordenación del territorio. Finalmente, cinco exconcejales y la propia exalcaldesa han sido inhabilitados para ejercer como concejales por un periodo de siete años, aunque ninguno de ellos ejerce actualmente como tal. Sin embargo, la Justicia ha considerado que no hubo delito alguno en la actuación del entonces delegado municipal de Urbanismo, Joaquín Macías, que ha quedado absuelto. Los condenados, que además tendrán que pagar una sanción económica de unos 700 euros (dos euros al día durante doce meses, así como una sexta parte de las costas procesales), son Josefa Caro, Benito Huertas, Genoveva Medina, Fernando Mancheño, Francisca Morales y Rafael Barrios. Todos estuvieron presentes en la junta de gobierno celebrada en octubre de 2011 para conceder ocho licencias de ocupación en la calle Huertas para que pudieran contar con la autorización para acometidas de servicios en las edificaciones. La ausencia a esa junta del responsable de Urbanismo Joaquín Macías le sirvió para que ahora haya quedado absuelto.
Se da la circunstancia de que dichas parcelas se ubicaban en suelo clasificado como no urbanizable y poseían la calificación de Especial Protección por su paisaje relevante con la 'subclase P' -Cuenca Visual del Arcos-. Además, se encontraban ubicadas dentro del los límites del entorno del conjunto histórico de Arcos que establece el Plan Especial de Protección. También, la sentencia destaca que tales licencias de ocupación se concedieron “sin que hubiere mediado petición en tal sentido por parte de los propietarios de las parcelas referidas, sin que se hubieren evacuado informe técnico y jurídico alguno por parte de los servicios técnicos municipales del Ayuntamiento y sin que hubiere mediado la previa petición, y posterior concesión, de licencias de obras”.
La denuncia por un presunto delito contra la ordenación del territorio fue interpuesta por el equipo de gobierno PP-Ai-Pro, que consideró que pudieron darse algunas irregularidades administrativas en la actuación urbanística en la que los vecinos colindantes al vial llamado Padres Salesianos cedieron parte de sus terrenos para la urbanización. Desde que la denuncia fue interpuesta, el PSOE, en principio con Isidoro Gambín como candidato a la Alcaldía y después como alcalde de Arcos, ha defendido la inocencia de sus compañeros y, en todo caso, siempre se refirió a una acción política en la que no hubo lucro personal por medio, tal vez un error administrativo. De hecho, a lo largo del proceso judicial se han desestimado los posibles delitos de malversación y prevaricación, con lo cual se deja entrever que, efectivamente, no ha habido lucro en la actuación.
La paradoja de la sentencia, tal vez, es que la Justicia ha considerado que se produjo un delito urbanístico en una actuación que afectó a terrenos públicos y privados, pero que finalmente deparó una magnífica conexión entre el Barrio Bajo y el acceso de Angorrilla que ha facilitado enormemente la circulación de vehículos y la vertebración, en este sentido, de la ciudad. Además, esta actuación contó con el visto bueno de la Junta de Andalucía, que fue la que urbanizó la zona con una inversión de unos 700.000 euros; obra que finalmente fue inaugurada por las personas que interpusieron la denuncia, es decir los principales miembros del equipo de gobierno PP-Ai-Pro.
Contra la sentencia cabe interponer un recurso de apelación ante el propio Juzgado de lo Penal número 1 de Jerez en el plazo de diez días a partir de su notificación a las partes.
La primera reacción a la noticia se ha producido en el PP arcense, cuyo portavoz y exalcalde, y por tanto cabeza visible del anterior equipo de gobierno es José Luis Núñez. El mismo ha señalado que la sentencia no es “un caramelo de buen gusto”, para lamentarse de que personas que han trabajado desde la institución municipal y han prestado un servicio público sean condenadas por la Justicia. Núñez considera que se pudieron dar irregularidades en los acuerdos urbanísticos pero también se muestra convencido de que no hubo mala intención por parte de los entonces gobernantes. Además, entiende que la postura de un vecino afectado fue determinante para que se interpusiera una denuncia desde el equipo PP-Ai-Pro.
